Un abogado vinculado al caso de presunto abuso sexual contra el exgobernador y exprecandidato presidencial Carlos Caicedo reveló nuevos detalles sobre la denuncia presentada por una madre y su hija de 8 años, que incluyen suministro de sustancias a la progenitora y amenazas de muerte. Julián Quintana, exdirector del CTI de la Fiscalía y representante legal de la familia afectada, aseguró que existen pruebas irrefutables, como grabaciones y chats, que respaldan las acusaciones.

Según Quintana, los hechos ocurrieron en la madrugada del 17 de julio de 2023, cuando Caicedo, entonces gobernador del Magdalena, citó a su subalterna y a la menor en un apartamento de Santa Marta bajo el pretexto de un fin de semana de descanso. La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, acudió con su hija, aunque su pareja no pudo acompañarlas. Al llegar, Caicedo llegó tarde y comenzó a beber alcohol. En un momento, le pidió a la madre que bajara por un domicilio, dejando a la niña a solas con él.

“Cuando ella regresó, vio a Carlos Caicedo con su miembro expuesto y a la niña con la pijama desacomodada. La madre preguntó qué había pasado, y él se descontroló, generando tensión. Ella tomó a la niña y se fueron inmediatamente”, relató el abogado en una entrevista con La FM.

Tras descubrir los hechos, la madre denunció que Caicedo intentó violarla a la fuerza y la amenazó con lanzarla por el balcón de un noveno piso. Además, le ofreció dinero y otros beneficios para que le llevara a la menor, según consta en grabaciones y mensajes de WhatsApp. Quintana destacó que la víctima logró registrar estas conversaciones, incluso cuando Caicedo intentaba borrar las pruebas.

“Él enviaba fotos que se autodestruían, pero ella las fotografiaba con otro celular. Tenemos todas las pruebas, absolutamente todas”, afirmó el jurista.

Este caso no es el único que involucra a Caicedo. A principios de 2024, cinco mujeres lo acusaron de acoso sexual mientras era precandidato presidencial por la izquierda. Sin embargo, el político ha negado todas las imputaciones y, hasta ahora, no ha sido formalmente acusado.

Paradójicamente, Caicedo salió del país el 17 de julio de 2024, dos semanas después de que un juzgado lo condenara a nueve años y nueve meses de prisión por delitos de corrupción relacionados con contratos irregulares en la modernización de la red de salud de Santa Marta. Su abogada, Diana Muñoz, aseguró que su viaje a España no constituye una fuga, ya que el fallo está en apelación y aún no hay medidas restrictivas de libertad en su contra.

La Fiscalía investiga los presuntos abusos sexuales, mientras que organizaciones de derechos de la mujer exigen celeridad en el proceso. Quintana subrayó que las pruebas son contundentes y que la justicia debe actuar sin dilaciones.

“Esto no es un caso aislado. Hay un patrón de conducta que debe ser investigado con rigor”, concluyó el abogado.

Mientras tanto, la sociedad colombiana sigue atenta a un caso que mezcla corrupción, poder político y presuntos crímenes atroces, en un escenario donde la impunidad aún acecha.