La región del Catatumbo atraviesa una grave crisis de seguridad tras una serie de ataques violentos que han dejado múltiples víctimas civiles y ex combatientes muertos. Los hechos han provocado una reunión de emergencia en la Casa de Nariño y ha generado preocupación por la estabilidad del proceso de paz.

El detonante de la crisis fue el asesinato de una familia completa en el sector La Valera, incluyendo a Miguel Ángel López, su esposa y su bebé de nueve meses. Según fuentes militares, el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN sería el responsable del triple homicidio.

Adicionalmente, cuatro firmantes del acuerdo de paz fueron asesinados el 16 de enero: Pedro Rodríguez Mejía, Jhon Carlos Carvajalino, Albeiro Díaz Franco y Yurgen Martínez Delgado, según reportó Indepaz.

Andrey Avendaño, comandante del Frente 33 y negociador de la disidencia Estado Mayor de Bloques y Frente, denunció mediante un audio que el ELN “ha tomado la decisión de atacar todas nuestras unidades” y alertó sobre agresiones contra civiles desarmados, incluidos familiares de guerrilleros.

La delegación del Gobierno en la mesa de diálogos exigió al ELN cesar inmediatamente las acciones violentas. El presidente Gustavo Petro convocó una reunión de emergencia con el ministro del Interior y el comisionado de Paz para evaluar medidas frente a la crisis.

La Asociación de Madres del Catatumbo emitió una carta pidiendo el fin de la violencia: “Las balas que intercambian no solo hieren a quienes empuñan las armas sino que desgarran los sueños de nuestras comunidades”, expresaron en su misiva.

Los enfrentamientos se han registrado en múltiples localidades como San Pablo, El 25, La Gabarra y Filo Gringo. Las autoridades han establecido una recompensa de 100 millones de pesos por información sobre los responsables de la masacre de la familia López Durán, mientras la Policía Nacional adelanta investigaciones para esclarecer los hechos.

La escalada de violencia amenaza la tregua implícita entre el EMBF y el ELN, poniendo en riesgo los avances en los procesos de paz que ambas organizaciones mantienen con el Gobierno Nacional.

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