La investigación del doble homicidio del empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, avanza bajo la hipótesis de un ataque sicarial cuidadosamente planeado. Sin embargo, el caso ha generado fuerte indignación por las dificultades que enfrentaron las autoridades para acceder de forma inmediata a grabaciones de cámaras de seguridad de condominios y establecimientos cercanos al lugar del crimen.

El atentado ocurrió hacia las 3:45 p. m. del miércoles 11 de febrero, a la salida de un gimnasio de la cadena Bodytech, ubicado en la calle 85 con carrera Séptima. Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, al menos tres personas participaron en el asesinato.

Las imágenes analizadas muestran que uno de los implicados permaneció en la zona durante aproximadamente 15 minutos, vigilando los movimientos del empresario. Este hombre, que portaba casco y estaba junto a una motocicleta, habría cumplido funciones de “campanero”, alertando a los demás sobre el momento exacto en que la víctima salió del establecimiento.

El sicario, vestido con traje formal para evitar levantar sospechas, esperaba cerca de un semáforo en la esquina. Cuando Aponte Fonnegra se disponía a subir a su vehículo, el atacante se aproximó caminando y abrió fuego. Tanto el empresario como su escolta recibieron impactos de bala calibre 9 milímetros en la cabeza y el cuello. El ataque fue ejecutado en cuestión de segundos, sin que el guardaespaldas alcanzara a reaccionar con su arma de protección.

Tras los disparos, el agresor huyó corriendo hasta una motocicleta que lo esperaba a pocos metros y escapó con un cómplice. Las víctimas fueron trasladadas por ciudadanos a un centro asistencial, pero fallecieron debido a la gravedad de las heridas.

El general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que las pruebas iniciales evidencian una acción criminal premeditada, con roles definidos entre los participantes y una ruta de escape previamente coordinada.

No obstante, uno de los aspectos que más controversia ha generado es el retraso en la obtención de material audiovisual clave. En declaraciones a Blu Radio, el oficial señaló que administradores de algunos edificios y estaciones de servicio cercanas exigieron órdenes judiciales antes de permitir la revisión de las grabaciones, lo que dificultó seguir en tiempo real la ruta de escape de los responsables.

La situación provocó críticas desde distintos sectores políticos. El representante a la Cámara Julio César Triana, del partido Cambio Radical, calificó como grave que en un caso de flagrancia las autoridades no puedan acceder de forma inmediata a registros que podrían facilitar la captura de los responsables. En la misma línea, el exconcejal Juan Baena advirtió que este tipo de obstáculos debilita la reacción institucional frente al sicariato, fenómeno que, según señaló, continúa siendo una amenaza estructural en el país.