La sala especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia formuló acusación formal contra los congresistas Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes respectivamente, por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio.

El llamado a juicio se realizó durante una sesión extraordinaria llevada a cabo en Villavicencio, Meta. Los procesados son investigados por presuntamente recibir dinero proveniente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a cambio de favorecer la aprobación de proyectos en trámite en el Congreso de la República.

La investigación desarrollada por la Corte Suprema incluyó declaraciones testimoniales y pruebas técnicas que permitieron a la sala considerar la existencia de indicios suficientes para proceder con el juicio contra Name y Calle. El proceso judicial avanzó tras evaluar el material probatorio recopilado durante la etapa de instrucción.

Desde el 7 de mayo, la sala ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para ambos procesados, disposición que se mantiene vigente. Los excongresistas permanecen privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La Corte informó que, de quedar en firme la decisión, el expediente será remitido a la sala especial de primera instancia para el desarrollo del juicio correspondiente, donde se determinará la responsabilidad penal de los acusados.

Las acusaciones en contra de Name incluyen el supuesto desvío de fondos públicos destinados a promover reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro. Según las investigaciones, los recursos habrían sido utilizados para influir en decisiones legislativas estratégicas para el ejecutivo.

Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, declaró ante las autoridades que parte de los dineros provenientes de la UNGRD también habría sido empleado para influir en la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, ampliando el espectro de las presuntas irregularidades.

La investigación reveló un presunto esquema de corrupción que habría operado desde la UNGRD para canalizar recursos públicos hacia congresistas clave, con el objetivo de asegurar respaldo legislativo a iniciativas gubernamentales. Este mecanismo habría comprometido la autonomía del poder legislativo y la correcta destinación de fondos públicos.

Con información de asuntos legales