La Corte Constitucional protegió los derechos al mínimo vital, la estabilidad laboral reforzada, la seguridad social y la vida digna de una mujer que fue despedida a pesar de haber avisado a su empleador de su estado mediante un mensaje de WhatsApp.

Al estudiar una tutela, el alto tribunal dijo que estos mensajes sí tienen un valor probatorio que el juez debe determinar al analizar todo el caso y bajo la presunción de buena fe.

“En el presente asunto concurren los requisitos definidos en la jurisprudencia constitucional para la protección de la mujer gestante en el contrato de prestación de servicios. Esta protección está sustentada en el mandato de especial protección para la mujer durante el embarazo y después del parto y la prohibición general de discriminación”, explicó la Corte.

El fallo otorgó un plazo a la empresa para pagar los honorarios dejados de percibir por la accionante desde la fecha de no renovación del contrato de prestación de servicios, hasta la fecha de terminación del periodo de lactancia. Adicionalmente, la sentencia ordenó a la entidad realizar el pago por concepto de indemnización por despido discriminatorio contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo.