La Contraloría General de la República emitió un fallo con responsabilidad fiscal por $87.027 millones contra la Unión Temporal Centros Poblados, debido a las irregularidades en la ejecución del contrato de aporte 1043 de 2020, celebrado con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Funtic) para instalar internet en zonas rurales del país.

El contrato, firmado en 2020, tenía como objetivo instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país, pero no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación del proyecto.

La Contraloría consideró que se trató de una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, y que el incumplimiento conllevó a la terminación anticipada del contrato, lo que implicó el retorno de los recursos públicos en virtud de la obligación adquirida, sumado a la presentación de una garantía bancaria falsa por parte del consorcio.

Además, la Contraloría determinó que hubo omisión en la entrega de los equipos por parte de la empresa proveedora, y por tal razón también declaró responsable fiscal al representante legal de la empresa distribuidora. También se falló responsabilidad fiscal en contra de los miembros del consorcio interventor por dar aprobación a órdenes de pago sin la verificación integral de los documentos que las soportaban.

Por otro lado, la Contraloría salvó de toda responsabilidad a tres funcionarios del Funtic: Adriana Meza, Sandra Orjuela y Camilo Jiménez Santofimio, después de una valoración integral de las pruebas y los argumentos de defensa.

Con información de wradio y portafolio