El Consejo de Estado estableció una decisión crucial sobre la revisión de sanciones impuestas por la Procuraduría a funcionarios elegidos por voto popular, con 16 votos a favor y 4 en contra.

Milton Chaves, presidente del alto tribunal, explicó que la medida garantiza un control judicial efectivo y respeta los principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La decisión contempla:
– Revisión de sanciones que impliquen retiro del cargo
– Aplicación transitoria hasta que el Congreso expida una ley definitiva
– No afecta sanciones menores que no impliquen remoción

El fallo surge tras un debate iniciado en mayo de 2023, buscando unificar la jurisprudencia sobre el recurso de revisión introducido por la Ley 2094 de 2021.

El tribunal será competente para revisar sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad, incluso después de que el funcionario haya dejado su cargo.

La medida busca fortalecer el debido proceso y respetar los derechos políticos de los funcionarios sancionados, alineándose con los estándares internacionales de derechos humanos.

Con información de wradio