La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín ha condenado al exrector de la Universidad de Medellín, Néstor de Jesús Hincapié Vargas, a 5 años y 10 meses de prisión por su papel en la entrega irregular del título de abogado al exsenador Julián Bedoya Pulgarín.

La decisión de segunda instancia también afectó a cuatro profesores de la institución: Julián Orlando Rendón Toro, Saúl Alonso Benítez Urrego, Juan Carlos Hoyos Loaiza y Jhon Mario Ferrer Murillo, quienes fueron condenados a 4 años y 6 meses de prisión.

Según la Fiscalía General de la Nación, “se demostró que el entonces rector, Hincapié Vargas, fue el cerebro y coordinador de las actividades ilícitas que permitieron la graduación irregular de Bedoya Pulgarín en marzo de 2019”.

Las irregularidades en la obtención del título por parte del exsenador salieron a la luz durante las investigaciones. La Fiscalía logró comprobar que, a pesar de que ni la exsecretaria académica ni los docentes condenados le dictaron clases a Bedoya Pulgarín, “terminaron firmando las actas en blanco correspondientes a los exámenes no presentados por el exsenador, con lo cual le permitieron acceder al título de abogado”.

Además, se estableció que el exlegislador presentó y aprobó con notas sobresalientes cinco pruebas de suficiencia en un solo día, un hecho que levantó sospechas sobre la legitimidad del proceso.

La Universidad de Medellín también fue señalada por permitir la titulación del excongresista sin la aprobación de una segunda lengua, un requisito obligatorio para la graduación.

En un giro inesperado, el 15 de enero de 2024, un juzgado penal del circuito de Medellín había absuelto al exrector y a los cuatro docentes del delito de falsedad ideológica en documento público. Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión, lo que llevó al Tribunal Superior a revocar la absolución y dictar las condenas mencionadas.

Cabe mencionar que la exsecretaria de la Facultad de Derecho, Yolanda Cossio Rincón, y el exsecretario del Consejo Académico, Juan Felipe Hernández Giraldo, también fueron sentenciados a 4 años y 5 meses, y 4 años y 6 meses de prisión, respectivamente, por su participación en el caso.

A todos los procesados se les concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, previo el pago de una caución equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Contra la decisión proceden recursos ante la Corte Suprema de Justicia.