Un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a cuatro años y tres meses de prisión a Leidy Marcela Quinche Cante, exfuncionaria de Migración Colombia, tras aceptar los cargos por el delito de concusión. La sentencia se dio luego de que la Fiscalía General de la Nación demostrara que la mujer exigía dinero a viajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado para permitirles salir del país, a pesar de no cumplir con los requisitos legales.

De acuerdo con las investigaciones, Quinche Cante, quien se desempeñaba en los filtros migratorios de la terminal aérea, aprovechaba su posición para solicitar y recibir pagos en pesos y dólares a cambio de permitir el embarque de pasajeros que no tenían la documentación necesaria o no contaban con los permisos exigidos para viajar con menores de edad.

Las pruebas recolectadas incluyen registros de cámaras de seguridad, testimonios y documentos que evidencian al menos seis hechos delictivos cometidos entre el 15 de diciembre de 2024 y el 8 de marzo de 2025. En todos los casos, la exfuncionaria recibió dinero directamente de los viajeros o a través de intermediarios, utilizando su cargo para obtener beneficios económicos indebidos.

El fallo también impone a Quinche Cante una multa equivalente a 36.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 43 meses. Sin embargo, por su condición de madre cabeza de hogar, el juez determinó que la pena se cumplirá en su lugar de residencia, bajo vigilancia judicial.

Fuentes de la Fiscalía indicaron que este caso forma parte de una estrategia más amplia para combatir la corrupción en los aeropuertos del país, donde se han detectado prácticas similares que vulneran los controles migratorios y ponen en riesgo la seguridad aérea.

Migración Colombia, por su parte, señaló que colabora con las investigaciones judiciales y que mantiene estrictos protocolos de transparencia en los procedimientos migratorios. La entidad también reiteró que este tipo de conductas son aisladas y no representan la labor del resto de sus funcionarios, quienes —según el comunicado— están comprometidos con la legalidad y la protección de los derechos de los viajeros.