Condenan a 7 años de prisión a un juez por cohecho y prevaricato
Por: Maria Jose Salcedo
26 febrero, 2026

La Corte Suprema de Justicia condenó a 7 años y 7 meses de prisión al exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, tras hallarlo responsable de los delitos de cohecho propio y prevaricato por omisión.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia, que además impuso una multa equivalente a 160 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 91 meses. El exfuncionario deberá cumplir la pena en su lugar de residencia.
De acuerdo con la investigación presentada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema, Vargas Bautista omitió declararse impedido y no advirtió un conflicto de intereses en dos procesos que llegaron a su despacho entre 2014 y 2018, en los cuales su compañera sentimental tenía participación directa.
En uno de los casos, la mujer actuaba como apoderada de un consorcio que demandó al Hospital Militar Central. En el otro, era asesora jurídica de los abogados que representaban a una sociedad agrícola en un litigio contra la Superintendencia de Sociedades.
Según el fallo, el entonces magistrado no solo permitió que los procesos fueran asignados a su despacho, sino que intervino para que así ocurriera. Además, sostuvo reuniones con su compañera para definir las pretensiones de las demandas, le entregó piezas procesales y borradores de providencias, y le impartió lineamientos sobre el curso de los expedientes.
La Corte estableció que, a cambio de favorecer las decisiones judiciales, Vargas Bautista recibió el 25% de la sanción económica que él mismo impuso al Hospital Militar en uno de los fallos. También le habrían entregado un vehículo de alta gama y un apartamento por orientar el otro proceso en beneficio de la sociedad agrícola.
El fallo concluye que el exmagistrado vulneró el deber de imparcialidad y transparencia inherente a la función judicial, al intervenir en procesos en los que existía un interés directo de su entorno cercano, afectando la recta administración de justicia.
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