La Superintendencia de Salud adelanta una investigación disciplinaria tras el caso del menor Kevin Acosta, señalando responsabilidad compartida entre Nueva EPS y farmacias. Se preparan acciones contundentes para garantizar el acceso a tratamientos esenciales.

La Superintendencia de Salud, bajo la dirección de la funcionaria ad hoc Luz María Múnera, anunció que avanza en una investigación disciplinaria tras el caso del niño Kevin Acosta, quien enfrentó interrupciones en su tratamiento por fallas en el sistema de salud. En una entrevista con La FM, Múnera reiteró el compromiso de la entidad con la transparencia, el control y la protección del derecho fundamental a la salud.

El caso, que ha generado preocupación nacional, pone en evidencia las fallas en la cadena de suministro de medicamentos esenciales. Múnera afirmó que la Superintendencia está analizando en detalle el reciente fallo de la Procuraduría General, cuyos hallazgos serán clave para definir responsabilidades. “Elementos de ese fallo se convertirán en herramientas de trabajo para nuestras acciones de control”, indicó.

La funcionaria destacó que, aunque respeta las decisiones de los órganos de control y la justicia, su despacho actuará dentro de sus competencias. “La justicia actuará, y nosotros también. En su momento, sacaremos las conclusiones pertinentes”, aseguró, subrayando el respeto por los procesos judiciales en curso.

Uno de los puntos centrales del análisis es el sistema de pagos entre EPS y prestadores. Múnera criticó que algunos farmacéuticos reciban más del 100% de lo facturado, mientras otros no reciben pagos o solo una fracción. “Es inadmisible que haya tanta desigualdad. Se debe pagar en igualdad de condiciones a todos los prestadores”, enfatizó, y agregó que no puede seguirse definiendo mes a mes a quién se le paga, especialmente cuando se trata de medicamentos vitales.

En cuanto a la responsabilidad compartida, la Superintendente señaló que tanto Nueva EPS como los farmacéuticos tienen obligaciones claras. “La EPS no priorizó este caso, y eso es grave. Pero también es inaceptable que un farmacéutico suspenda la entrega de un medicamento vital bajo cualquier circunstancia”, afirmó. Esta doble responsabilidad será clave en las decisiones que se tomen tras concluir la investigación.

Múnera adelantó que se están preparando “medidas fuertes” dirigidas tanto a la EPS como a los contratistas encargados de la distribución de medicamentos. El objetivo es garantizar el cumplimiento de los contratos y evitar que se repitan fallas que ponen en riesgo la vida de pacientes vulnerables. “Esto no puede seguir pasando”, sentenció.

La Superintendencia ya tiene programada una reunión con el procurador encargado de salud para articular esfuerzos y alinear criterios. El trabajo conjunto permitirá fortalecer los mecanismos de control y asegurar que las decisiones se tomen con base en evidencia sólida.

Aunque las EPS tienen autonomía operativa, Múnera recordó que su función como entidad de control es prevenir irregularidades. “No se puede jugar con las postulaciones de pago. Hay herramientas jurídicas para exigir el cumplimiento de los contratos, y tanto los prestadores como las EPS deben conocerlas y respetarlas”, puntualizó.