La defensa del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, ha propuesto devolver alrededor de 1.100 millones de pesos y cumplir una pena de 70 meses de prisión en una guarnición militar. Esta propuesta se presentó ante la Fiscalía, que imputará cargos el próximo jueves, 25 de julio, por cinco delitos relacionados con los sobrecostos de los carrotanques en La Guajira.

La propuesta de López se suma a los preacuerdos planteados por otros implicados en el caso. Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, junto con su abogado Luis Gustavo Moreno, ha ofrecido devolver 293 millones de pesos y cumplir una pena de cinco años de prisión en una guarnición militar. Por otro lado, Luis Eduardo López Rosero, un empresario vinculado a la empresa Impoamericana Roger S.A.S., propuso devolver 4.232 millones de pesos y aceptar una pena mínima de cuatro años de prisión.

El próximo jueves, los principales responsables del escándalo serán imputados por varios delitos, incluyendo concierto para delinquir, peculado, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito de particulares. Este caso, que ha ganado notoriedad en las últimas semanas, implica una serie de irregularidades en la contratación de carrotanques en La Guajira, una región que ha sufrido graves problemas de acceso al agua potable.

El escándalo también ha salpicado a varios congresistas, quienes estarían involucrados en el direccionamiento de contratos a sus regiones para obtener beneficios personales. La Fiscalía ha iniciado una indagación contra figuras prominentes, incluyendo al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; a la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz; y al director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González.

La propuesta de Olmedo López ha generado diversas reacciones. Algunos ven en estos preacuerdos una oportunidad para recuperar parte del dinero malversado y sancionar a los responsables, mientras que otros critican la posibilidad de penas reducidas y prisión en guarniciones militares, lo que consideran una forma de privilegio.

El caso de los carrotanques en La Guajira se originó tras denuncias de sobrecostos y corrupción en la contratación de vehículos para transportar agua potable a comunidades vulnerables. Las investigaciones revelaron una red de corrupción que involucraba a altos funcionarios y empresarios, quienes se habrían beneficiado de contratos inflados y direccionados.