En una audiencia adelantada por el Tribunal Superior de Bogotá, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, se pronunció públicamente tras conocer la imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación, en el marco del escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El ente acusador le imputó los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos, por su presunta participación en la entrega irregular de recursos públicos para supuestos fines políticos, relacionados con la aprobación de reformas promovidas por el Gobierno Nacional.

Sin embargo, al ser cuestionado por el magistrado ponente sobre si aceptaba los cargos formulados en su contra, González negó rotundamente cualquier vinculación con los hechos señalados: “No, honorable magistrado, no acepto los cargos dado que todos son calumnias sin fundamento”, declaró el exfuncionario durante la audiencia.

Negativa categórica frente a la acusación

La intervención de González fue breve pero contundente, enfocada en rechazar la versión de la Fiscalía y desligarse de los señalamientos que lo relacionan con reuniones, entregas de dinero y acuerdos en el Palacio de Nariño para beneficiar reformas legislativas. Según la versión del fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema, el exdirector del Dapre habría participado en la entrega de $70.000 millones de la Ungrd al expresidente del Senado Iván Name y al expresidente de la Cámara Andrés Calle.

La Fiscalía también aseguró que González sostuvo encuentros clave con el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, quien, según la acusación, le pidió apoyo para regresar a su cargo mientras enfrentaba una suspensión por parte de la Contraloría General.

Pese a estas afirmaciones, González insistió en que las acusaciones son infundadas y parte de un proceso sin base sólida, dejando claro que enfrentará el proceso penal con la intención de demostrar su inocencia.

El curso del proceso judicial

La audiencia de imputación forma parte de una serie de diligencias judiciales que buscan esclarecer el manejo de millonarios recursos públicos destinados a la atención de emergencias en el país. El escándalo ha involucrado a varios exfuncionarios de alto nivel y ha despertado un amplio debate público sobre la transparencia en la gestión de fondos del Estado.

Tras la negativa de González a aceptar los cargos, el tribunal indicó que continuará con el trámite legal correspondiente, siguiendo los procedimientos establecidos para este tipo de casos. En los próximos días se espera que se definan nuevas fechas para audiencias y que se estudien posibles medidas de aseguramiento.

Antecedentes del caso

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se remontan a septiembre de 2023, cuando presuntamente se coordinaron reuniones entre González, la entonces consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, y altos dirigentes del Congreso, para pactar la entrega de recursos de la Ungrd con fines políticos.

Entre las pruebas presentadas por el ente acusador figuran testimonios, registros de reuniones y versiones que apuntan a un presunto uso indebido de fondos públicos para influir en decisiones legislativas.

González, por su parte, ha mantenido su postura de inocencia desde que fue mencionado en el caso, y ahora, tras la imputación formal de cargos, su defensa prepara una estrategia legal para refutar las acusaciones y solicitar la desestimación del proceso.