La Fiscalía General de la Nación ha presentado cargos ante un juez de control de garantías contra tres hombres presuntamente responsables de delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado en concurso homogéneo y sucesivo, y hurto por medios informáticos. Los acusados son Juan Pablo Gil Dávila y Kevin Alexander Álvarez Otálvaro, quienes enfrentarán medida de aseguramiento en centro carcelario, y Norberto Arturo Oliveros, conductor del taxi utilizado en los hechos, quien tendrá una medida no privativa de la libertad, pero permanece vinculado al proceso.

La investigación, llevada a cabo por la Estructura de Apoyo (EDA) de la Fiscalía, reveló que los hechos tuvieron lugar entre el 11 de junio y el 29 de julio de 2023. Durante este período, los acusados habrían contactado a 10 integrantes de la comunidad LGBTQ+ a través de redes sociales, aparentando tener encuentros amigables. Sin embargo, tras recoger a las víctimas en un taxi, les suministraban sustancias químicas para, posteriormente, despojarlas de sus pertenencias, incluyendo celulares, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y joyas.

Las autoridades indicaron que los robos se perpetraron tanto en Medellín como en otras poblaciones del Valle de Aburrá, generando una serie de incidentes traumáticos para las víctimas. Después de completar los hurtos, las víctimas eran transportadas en el mismo taxi a diferentes áreas de la ciudad, donde eran abandonadas.

Los presuntos responsables fueron detenidos el 5 de febrero por la Policía Nacional en Medellín. En audiencias concentradas, el juez acogió los argumentos de la Fiscalía, dictaminando medidas de aseguramiento proporcionales a la gravedad de los delitos imputados.

Además, en otro caso relacionado, la Fiscalía obtuvo medida de internamiento preventivo contra una menor de 17 años. La adolescente fue aprehendida en flagrancia por la Policía Nacional cuando intentaba abandonar un hostal con elementos presuntamente sustraídos a un ciudadano canadiense, quien fue encontrado desmayado en su habitación con síntomas de intoxicación por sustancias químicas.

La menor, que se identificó con una cédula de ciudadanía falsa, enfrenta cargos por hurto calificado y agravado, falsedad personal y receptación, sin mostrar disposición a allanarse a los mismos.