La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Nicol López Rey, señalada de intentar detonar artefactos explosivos el pasado 22 de junio en el barrio El Lucero, localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con el ente acusador, López Rey transportaba en un bolso tres elementos explosivos improvisados, cada uno contenido en recipientes plásticos y presuntamente equipados con un sistema de activación eléctrica que podía ser operado de forma remota.

La investigación determinó que la mujer llegó a Bogotá un día antes procedente de Putumayo, donde habría sido instrumentalizada por un grupo armado ilegal. A cambio de dinero, le encomendaron la tarea de transportar e instalar los explosivos en un establecimiento comercial del sector.

Según el informe oficial, la captura se produjo luego de que uno de los artefactos cayera accidentalmente mientras la procesada ingresaba al lugar designado. La caída generó una detonación que activó la alerta de comerciantes y vecinos, quienes notificaron de inmediato a las autoridades.

Uniformados de la Policía Nacional acudieron al sitio y lograron detener a López Rey en flagrancia. Durante el procedimiento de verificación, fueron incautados los otros dos dispositivos explosivos que permanecían dentro del bolso.

El material incautado fue sometido a inspección técnica por unidades antiexplosivos, que confirmaron su capacidad lesiva y el potencial de afectar la integridad de personas y bienes en un radio amplio.

Por estos hechos, un fiscal especializado de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de terrorismo; tráfico, fabricación y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y daño en bien ajeno.

En el marco de las audiencias concentradas, Nicol López Rey aceptó de manera libre y voluntaria los cargos formulados en su contra. Como medida preventiva, el juez de control de garantías ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

La Fiscalía señaló que este caso da cuenta de la creciente instrumentalización de personas vulnerables por estructuras ilegales con intereses criminales en zonas urbanas. Así mismo, resaltó que las labores de inteligencia y las denuncias oportunas permitieron prevenir un hecho que habría podido tener consecuencias graves en la comunidad de Ciudad Bolívar.