Un atentado con explosivos y disparos sacudió la noche de este jueves la base militar de El Juncal, ubicada en zona rural del municipio de Aguachica, en el sur del departamento del Cesar. El ataque dejó siete militares muertos y al menos 32 personas heridas, según confirmó el Ejército Nacional en un comunicado oficial.

De acuerdo con la información preliminar, la acción violenta se registró contra la Base Militar del 27, adscrita al Batallón de Infantería N.° 14, cuando hombres armados ejecutaron una ofensiva terrorista mediante el uso de artefactos explosivos, algunos de ellos lanzados desde drones. Tras la incursión, se produjeron también disparos contra las instalaciones militares.

“Fue atacada la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N.° 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, Cesar, mediante una acción terrorista con artefactos explosivos. De manera preliminar se conoce que siete de nuestros soldados fueron asesinados y, al parecer, 32 más resultaron heridos”, señaló el Ejército a través de su cuenta oficial en la red social X.

Las personas lesionadas fueron evacuadas de inmediato hacia centros asistenciales de la región, donde reciben atención médica. Hasta el momento, no se ha entregado un parte detallado sobre la gravedad de las heridas ni se ha confirmado si entre los afectados hay civiles.

Fuentes militares indicaron que el ataque habría sido perpetrado por el Frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructura armada ilegal que, aunque tiene su principal zona de influencia en el Catatumbo, en Norte de Santander, ha venido ampliando su accionar hacia otras regiones del nororiente del país.

El Frente Camilo Torres es considerado uno de los más activos del ELN. Su presencia se concentra principalmente en municipios como Tibú, El Tarra, Ocaña, Toledo y El Zulia, en Norte de Santander, una región estratégica por la convergencia de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. Además, esta estructura mantiene corredores hacia la frontera con Venezuela, donde se le atribuye injerencia en estados como Zulia, Táchira y Apure, lo que le facilita operaciones transfronterizas.

El uso de drones con explosivos en este ataque vuelve a encender las alertas sobre la capacidad tecnológica de los grupos armados ilegales y los riesgos que enfrentan las unidades militares en zonas rurales. En los últimos meses, las Fuerzas Militares han advertido sobre el incremento de este tipo de tácticas, que buscan afectar bases y patrullas con ataques a distancia.

Tras el atentado, el Ejército anunció el despliegue de operaciones de control y seguridad en el área para proteger a la población civil y dar con los responsables. Asimismo, se reforzó la presencia militar en el sur del Cesar y en corredores estratégicos que comunican con Norte de Santander.

Las autoridades judiciales y militares adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del ataque, identificar a los autores materiales e intelectuales y establecer si hubo apoyo logístico desde otras zonas del país o desde la frontera con Venezuela. Mientras tanto, el hecho se convierte en uno de los ataques más graves contra la Fuerza Pública registrados recientemente en esta región del país.