El cuerpo del docente universitario Neil Felipe Cubides, hallado incinerado el pasado 16 de enero en el sur de la capital, presentaba señales de violencia extrema, según el dictamen preliminar de medicina legal entregado a la Fiscalía. La autopsia indica que, además de las quemaduras, la víctima sufrió tres heridas de arma blanca y una asfixia por estrangulamiento, lo que sugiere una tortura prolongada antes de la quema del cadáver.

El informe forense, que aún está en fase de análisis, señala que la identificación completa del profesor se complica por la gravedad de las quemaduras. Los peritos están aplicando la técnica de “pulpejos” mediante rehidratación cadavérica para recuperar huellas dactilares y confirmar la identidad de la persona fallecida. Hasta el momento, los fiscales han recibido el reporte y continúan la investigación para determinar la autoría del crimen.

Según el editor judicial Felipe Quintero, la última imagen de cámaras de seguridad muestra a Cubides cruzando una caseta metálica antes de desaparecer del circuito. “Ese punto marca el último registro visual que tenemos; a partir de ahí el rastro se corta”, explicó Quintero durante la transmisión en vivo de la cadena RCN. La ausencia de testigos y la falta de pruebas directas obligan a la Fiscalía a depender de los hallazgos forenses para reconstruir los hechos.

El dictamen también menciona que las quemaduras podrían haber sido provocadas con la intención de destruir evidencia de los abusos sufridos. “El uso de fuego después de la agresión sugiere un intento deliberado de ocultar rastros de violencia”, comentó el perito forense que colaboró con la investigación, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

La familia de Cubides, visiblemente consternada, ha exigido una respuesta rápida y eficaz por parte de las autoridades. “Queremos justicia para mi esposo; no descansaremos hasta que se esclarezca quiénes son los responsables y se sancione con todo el peso de la ley”, declaró la esposa del profesor en una rueda de prensa convocada por la Universidad donde trabajaba.

En el marco de la investigación, los fiscales han ordenado la toma de declaraciones a los empleados de la zona, la revisión de los registros de acceso a la caseta y la solicitud de análisis de video de establecimientos cercanos. Además, se ha activado el protocolo de investigación de homicidios con indicios de tortura, lo que implica la participación de la Unidad de Investigación de Crímenes de Alta Complejidad.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de los académicos en Bogotá y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para el personal docente. Organizaciones de derechos humanos han pedido al gobierno local que implemente medidas preventivas y que garantice la transparencia del proceso judicial.

Mientras tanto, la comunidad universitaria mantiene vigilia y ha organizado una vigilia simbólica en honor al profesor Cubides, cuyo legado académico y personal quedó truncado de forma brutal. La Universidad ha anunciado la creación de una comisión interna para apoyar a la familia y colaborar con la investigación.