Bien sean empleados públicos o trabajadores oficiales, que sean abogados no podrán, por regla general, ejercer su profesión bajo ninguna circunstancia alertó el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Esto implica la imposibilidad de iniciar demandas ante la Corte Constitucional denunciando la inconstitucionalidad de normas jurídicas, advirtió el director del DAFP, Mario Alberto Niño Torres.

“Los abogados vinculados a entidades públicas no pueden litigar contra el mismo Estado al que sirven, salvo en causas penales o en asuntos estrictamente personales”, explicó el funcionario.

Niño agregó que la única excepción se da cuando el abogado ejerce un cargo de carrera administrativa y su entidad lo autoriza explícitamente a ejercer la profesión de manera adicional a sus funciones públicas.

El pronunciamiento del DAFP se produjo luego de conocerse un caso en el que una abogada vinculada a una gobernación interpuso una demanda ante la Corte Constitucional cuestionando una ley aprobada por la Asamblea Departamental, su propia entidad.

El director Niño Torres fue enfático en afirmar que este tipo de situaciones configuran un “conflicto de intereses que puede acarrear sanciones disciplinarias”.