Después de 15 años de los escándalos que sacudieron al país, la Corte Suprema de Justicia ha anunciado una nueva condena en relación con la denominada “Yidispolítica”. En esta ocasión, Bernardo Moreno, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ha sido condenado como autor del delito de tráfico de influencias de servidor público.

La Corte determinó que, estando en ese cargo, influenció indebidamente en cinco servidores públicos con el fin de que tramitaran el nombramiento o la contratación en entidades públicas de personas allegadas a la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina Padilla.

“Todo esto como retribución para la entonces congresista Yidis Medina por haber votado favorablemente el proyecto de Acto Legislativo n° 267 de 2004 en la Comisión Primera Constitucional, mediante el cual se modificaba el artículo 197 de la Constitución Política sobre la reelección presidencial inmediata”, señaló la Corte.

La “Yidispolítica” fue un escándalo político que estalló en 2008, cuando la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina reveló que había recibido sobornos a cambio de su voto favorable a una reforma constitucional que permitiría la reelección presidencial inmediata. Este caso generó una profunda crisis política y judicial en Colombia, y desde entonces ha habido varios procesos y condenas relacionadas con este escándalo.

En este contexto, la condena contra Bernardo Moreno es considerada un paso significativo en la búsqueda de justicia y en el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante ese período turbulento. La Corte Suprema de Justicia determinó que Moreno utilizó su posición como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para ejercer influencia y presión sobre los congresistas con el fin de obtener votos favorables a la reforma constitucional.

El delito de tráfico de influencias de servidor público es considerado una grave violación ética y legal, ya que implica el uso indebido de la posición y el poder para obtener beneficios personales o políticos. La condena impuesta a Moreno refuerza el mensaje de que nadie está por encima de la ley y que las acciones realizadas en detrimento de la transparencia y la integridad deben ser sancionadas.