El abogado venezolano Rafael Tudares Bracho, de 38 años y yerno del dirigente opositor Edmundo González Urrutia, fue condenado a 30 años de prisión por delitos de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir, en un proceso señalado por sus familiares y juristas como “clandestino” e inconstitucional. La sentencia fue dictada por la jueza Alejandra Romero, del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en materia de terrorismo, y se conoció este martes a través de fuentes extraoficiales, sin publicación oficial ni acceso al expediente.

Tudares fue detenido arbitrariamente el 7 de enero de 2025 por funcionarios encapuchados mientras llevaba a sus hijos al colegio en Caracas. Desde entonces, permanece en desaparición forzada: 11 meses sin que su familia reciba información sobre su paradero, estado de salud o condiciones de detención. Tampoco ha sido presentado públicamente por autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro.

El juicio, realizado el 28 de noviembre en una única audiencia telemática que se extendió por más de 12 horas, concluyó con la notificación remota de la condena el 1 de diciembre. Según denuncia la familia, el acusado no estuvo presente, no pudo designar un abogado privado ni se permitió un ejercicio pleno de defensa técnica.

Señalamientos de un proceso sin garantías

Mariana González, esposa de Tudares e hija de Edmundo González, difundió un comunicado en el que rechaza la sentencia y advierte que su esposo es “absolutamente inocente” de los cargos presentados. Asegura que la condena responde a una “represalia política” por su vínculo familiar con el dirigente opositor.

González sostiene que el proceso viola artículos fundamentales de la Constitución venezolana, entre ellos el 49, que garantiza el debido proceso, y el 25, que declara nulas las actuaciones que contravengan la Carta Magna. También cita vulneraciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece estándares en materia de defensa, juicio justo y prohibición de tratos crueles.

Edmundo González Urrutia respaldó públicamente la denuncia, calificando el caso como un acto de intimidación contra su entorno cercano y un intento de presionar políticamente tras las elecciones del 28 de julio de 2024. Subrayó que ni su hija ni su yerno tienen relación con su actividad política y reiteró su compromiso con la liberación de presos políticos y personas en desaparición forzada.

Expertos alertan sobre un patrón represivo

El abogado penalista Zair Mundaray, exfiscal venezolano actualmente en el exilio, confirmó la sentencia y la describió como un “juicio exprés” sin garantías básicas. Según sus declaraciones, el expediente exhibe el mismo patrón de fabricación de acusaciones sin pruebas que atribuye al fiscal general Tarek William Saab, señalado por organizaciones internacionales por prácticas de persecución judicial.

En paralelo, se conoció que Luis Guillermo Isturiz, dirigente de Vente Venezuela en el estado Miranda, recibió una condena de 20 años por cargos relacionados. Defensores de derechos humanos consideran que ambos fallos forman parte de una estrategia para criminalizar a personas vinculadas con la oposición venezolana.