El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que evalúa firmar un decreto de estado de conmoción exterior, una medida que, de aprobarse, sería inédita en la historia del país. El planteamiento surge en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe.

El mandatario hizo el anuncio acompañado de los jefes de los distintos poderes públicos y altos funcionarios de su Gobierno, asegurando que la decisión responde a lo que califica como “agresiones y amenazas” de Washington, a las que atribuye intentos de forzar un cambio de régimen en Caracas.

¿Qué es el estado de conmoción exterior?

Según explicó el abogado y codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, este tipo de decreto es una modalidad de estado de excepción. Está diseñado para habilitar medidas extraordinarias en situaciones que exceden la capacidad de los poderes públicos en condiciones normales.

“El objetivo es otorgar facultades especiales para responder a circunstancias excepcionales. Sin embargo, las medidas deben ser proporcionales y directamente vinculadas con los hechos que las originan”, señaló Daniels.

En caso de aprobarse, el Ejecutivo podría suspender o restringir ciertos derechos, excepto los que la Constitución protege de manera permanente, como el debido proceso, la libertad de pensamiento y el acceso a la información.

Alcances y facultades del Ejecutivo

El abogado indicó que, bajo este decreto, Maduro tendría la capacidad de ordenar movilizaciones militares, autorizar gastos no previstos en el presupuesto nacional, requisar bienes de particulares para atender la emergencia y establecer restricciones a la libertad de tránsito, como toques de queda.

Además, aclaró que nunca antes en Venezuela se ha dictado un estado de conmoción exterior, lo que convierte la propuesta en un hecho sin precedentes.

Aprobación y vigencia

El decreto, de concretarse, debe ser aprobado por la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, y revisado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos magistrados también son afines al oficialismo. Una vez autorizado, entraría en vigencia de inmediato por 90 días, con posibilidad de prórroga por otros 90.

La propuesta se produce en un escenario de alta tensión con Washington, que ha incrementado su presencia militar en el Caribe con ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido y más de 4.500 soldados. Estados Unidos ha justificado este despliegue como una estrategia contra el narcotráfico, señalando a Venezuela como un punto clave de operaciones ilícitas.

El Gobierno de Donald Trump también ha informado de la destrucción de cuatro embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas caribeñas. En respuesta, Maduro ha insistido en que el estado de conmoción exterior busca garantizar “el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a cualquier amenaza o ataque” contra el país.

De concretarse, Venezuela entraría en un escenario jurídico y político sin precedentes, con efectos directos sobre el ejercicio de derechos fundamentales y el manejo del poder por parte del Ejecutivo.