La Asamblea Nacional de Venezuela ha sancionado una controversial ley que establece severas consecuencias para quienes promuevan o participen en sanciones contra el gobierno, marcando un punto crítico en la legislación del país suramericano.

La denominada ‘Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela’ contempla penas de prisión entre 25 y 30 años, multas de hasta un millón de euros, e inhabilitación política por 60 años para los infractores.

“La ley considera crímenes de lesa humanidad las sanciones internacionales”, señala el documento oficial, en referencia a las más de 900 medidas restrictivas recibidas en la última década, principalmente de Estados Unidos.

Las implicaciones de la normativa son profundas y abarcan múltiples ámbitos. Los medios de comunicación que difundan mensajes considerados promotores de sanciones podrían ser multados y eventualmente sacados del espectro radioeléctrico.

La legislación también crea un registro nacional de personas bajo “presunción fundada” de incurrir en acciones contra la soberanía nacional, con posibilidades de congelamiento de activos, prohibición de operaciones comerciales e incluso expulsión para extranjeros.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ha ordenado remitir la ley a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para su revisión y promulgación.

Las restricciones se extienden a quienes:

• Promuevan sanciones internacionales
• Desconozcan la legitimidad de los poderes públicos
• Reconozcan investiduras de representantes no oficiales

Un aspecto particularmente significativo es la inhabilitación política de 60 años, que impediría a los sancionados participar en cargos públicos o de elección popular.

La normativa surge en un contexto de tensiones internacionales, especialmente después de las elecciones presidenciales de julio, cuyos resultados no han sido reconocidos por numerosos gobiernos.

La ley deberá ser firmada por el presidente Nicolás Maduro para entrar en vigor, lo que se espera ocurra próximamente tras su aprobación en la Asamblea Nacional.