Una disputa diplomática y judicial de alto impacto se ha desatado entre Venezuela y Chile tras la captura en Colombia de cuatro presuntos integrantes del Tren de Aragua, implicados en el secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda. Este caso ha escalado a niveles internacionales, involucrando no solo a las autoridades chilenas y venezolanas, sino también a la Corte Penal Internacional.

Los capturados —Johnny Orozco, alias “El Botija”; Carlos Gómez, alias “Bobby”; Luis Alfredo Carrillo, alias “Gocho”; y Larry Álvarez, alias “Larry Changa”— son considerados figuras clave dentro de la estructura del Tren de Aragua, una organización criminal transnacional nacida en Venezuela, pero con presencia activa en varios países de América Latina. Los cuatro fueron detenidos en territorio colombiano, lo que coloca a Colombia como árbitro de una compleja decisión diplomática: conceder la extradición a Venezuela, su país de origen, o a Chile, donde se desarrolló el crimen y se adelanta una investigación en curso.

La decisión final sobre la extradición recae en el presidente colombiano Gustavo Petro, quien debe ponderar los compromisos internacionales del país, la cooperación judicial, los tratados de derechos humanos y la integridad del proceso penal en el destino de los acusados.

El caso Ronald Ojeda: un crimen que remece relaciones internacionales

Ronald Ojeda, exteniente del Ejército venezolano y disidente del régimen de Nicolás Maduro, fue secuestrado en Santiago de Chile el 21 de febrero de 2024 por individuos que se hicieron pasar por agentes policiales. Días después, su cuerpo fue hallado en una fosa, con signos de tortura, lo que generó indignación en la comunidad internacional y encendió las alarmas sobre la infiltración de grupos criminales en países vecinos.

Según la Fiscalía chilena, existen evidencias que apuntan a una conexión directa entre el Tren de Aragua y funcionarios del Gobierno venezolano. Estos vínculos han sido formalmente denunciados por Chile ante la Corte Penal Internacional, acusando al régimen de Nicolás Maduro de responsabilidad indirecta en el crimen. Las autoridades chilenas consideran que los cuatro detenidos en Colombia podrían ofrecer testimonios clave para probar estas conexiones y avanzar en el desmantelamiento de redes criminales internacionales.

Venezuela niega vínculos, pero exige extradición

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha solicitado formalmente la extradición de los cuatro capturados, alegando que deben responder ante la justicia venezolana. Sin embargo, fiscales y analistas han advertido que esta estrategia podría estar orientada a obstaculizar las investigaciones en curso en Chile y evitar que se revelen detalles comprometedores que impliquen a altos funcionarios del régimen.

Varios expertos han señalado que en Venezuela no se garantizaría un juicio imparcial ni condiciones adecuadas de protección para posibles testigos. Además, resaltan que los intentos de extradición del Gobierno de Maduro, sumados a un historial de impunidad, han puesto en entredicho la legitimidad de su sistema judicial ante la comunidad internacional.

Colombia, en el centro de la controversia

Colombia se enfrenta a una difícil encrucijada. La decisión del presidente Gustavo Petro será determinante no solo para la resolución de este caso, sino también para el fortalecimiento de la cooperación judicial regional y la lucha contra el crimen organizado transnacional. La presión sobre Bogotá aumenta conforme avanza la investigación en Chile y crecen los señalamientos contra el régimen venezolano.

La opinión pública internacional también observa con atención el rumbo que tome este caso, ya que podría sentar precedentes importantes en materia de cooperación judicial, extradiciones multilaterales y lucha contra el crimen organizado de alcance regional.