La Comunidad Andina (CAN) activó una serie de gestiones diplomáticas para frenar la escalada de medidas unilaterales que han convertido la relación bilateral entre Colombia y Ecuador en una crisis sin precedentes. Tras el anuncio de aranceles recíprocos del 30 % y la interrupción del suministro eléctrico, el secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez Reinel, envió cartas a los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro solicitando la postergación inmediata de ambas decisiones y la apertura de un canal de diálogo técnico.

Medidas económicas y energéticas que alimentan la disputa

El 21 de enero el gobierno ecuatoriano informó la aplicación de una “tasa de seguridad” del 30 % a todas las importaciones colombianas, medida que entrará en vigor el 1 de febrero. Quito la justificó por la falta de reciprocidad en la lucha contra el narcotráfico y por un déficit comercial que supera los 850 millones de dólares. La normativa excluye donaciones, efectos personales, ayudas técnicas, la venta de energía eléctrica y la logística de hidrocarburos, pero afecta a sectores como alimentos procesados, textiles y productos químicos.

En respuesta, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia anunció un gravamen idéntico del 30 % a veinte productos ecuatorianos, sin detallar la lista, y advirtió la posibilidad de ampliarla. Simultáneamente, el Ministerio de Minas y Energía colombiano suspendió indefinidamente la exportación de energía eléctrica a Quito, una medida que el presidente Gustavo Petro describió como “preventiva” pero que será revertida “tan pronto como la oferta nacional sea suficiente”.

Reacción de la Comunidad Andina y de los sectores empresariales

En un comunicado oficial, la CAN expresó su disposición a “coadyuvar a un diálogo estrecho que permita abordar las preocupaciones de ambos países, privilegiando la integración latinoamericana”. Gutiérrez Reinel subrayó que la estabilidad comercial y energética es esencial para el bienestar de los ciudadanos andinos en un contexto internacional cada vez más complejo.

Empresarios de ambos lados de la frontera manifestaron su alarma. Oliva Díazgranados, directora ejecutiva de la Cámara Colombo‑Ecuatoriana en Bogotá, advirtió que los aranceles podrían generar sobrecostos, retrasos en la cadena de suministro y, en el peor de los casos, pérdidas de empleo. En Quito, Alexandra Mosquera, de la Cámara de Comercio Ecuatoriano‑Colombiana, señaló que la incertidumbre “daña la confianza entre países hermanos” y pidió a los gobiernos que prioricen la negociación.

Análisis de expertos: ¿una crisis inédita?

Manuel Camilo González, politólogo de la Universidad Javeriana, calificó la disputa como “la crisis más importante que ha tenido Ecuador en términos económicos”. Según el académico, la única antecedente comparable es el conflicto de 2008 tras el bombardeo colombiano en territorio ecuatoriano para capturar a Raúl Reyes, pero la actual confrontación combina dimensiones comerciales, energéticas y de seguridad.

González también criticó la estrategia del presidente ecuatoriano, comparándola con la de Donald Trump: “Se está tratando un problema de seguridad mediante medidas económicas, lo que solo profundiza la desconfianza”. Añadió que la política de “paz total” del presidente Petro, aunque orientada a la reconciliación, ha permitido la consolidación de grupos delictivos en la zona fronteriza, lo que alimenta las acusaciones de Quito.

Impacto inmediato y perspectivas a corto plazo

Los datos oficiales revelan que, de enero a noviembre de 2024, Colombia exportó 1.866 millones de dólares a Ecuador, mientras que las importaciones ecuatorianas alcanzaron los 760 millones. La imposición del arancel del 30 % a productos que representan aproximadamente 250 millones de dólares en exportaciones ecuatorianas podría reducir el flujo comercial en un 13 % en el primer trimestre, según estimaciones del Ministerio de Comercio colombiano.

En el sector energético, la suspensión de los 450 megavatios de energía eléctrica que Colombia suministra habitualmente a Quito equivale a casi el 8 % del consumo nacional ecuatoriano. El Ministerio de Minas y Energía de Ecuador asegura que su red, con una capacidad instalada de 5.455 megavatios, puede cubrir la demanda interna, pero advierte que la medida incrementará los costos de generación y afectará a industrias intensivas en energía.

Próximos pasos y posibles escenarios

La CAN ha propuesto una reunión bilateral en la ciudad fronteriza de Ipiales antes del 25 de enero, con la intención de establecer un cronograma para la suspensión temporal de los aranceles y la reactivación del suministro eléctrico. Mientras tanto, los gobiernos de Bogotá y Quito mantienen canales de comunicación directa a través de sus cancillerías, aunque la confianza sigue erosionada.

Si el diálogo logra una moratoria, los expertos anticipan una recuperación gradual del comercio y la energía en los próximos seis meses. De lo contrario, la prolongación de las medidas podría desencadenar una espiral de represalias, afectar a más de 2 mil millones de dólares en transacciones bilaterales y generar tensiones adicionales en la región andina.