La Casa Blanca anunciará hoy nuevas sanciones contra altos funcionarios venezolanos involucrados en el fraude electoral del 28 de julio, donde Nicolás Maduro se declaró vencedor frente a Edmundo González Urrutia. Según fuentes de la administración de Joseph Biden, estas medidas están dirigidas a miembros clave del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE), y altos oficiales de inteligencia y seguridad que participaron en la represión de la oposición.

Las sanciones son parte de un esfuerzo conjunto entre el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de Estados Unidos, que buscan castigar a quienes permitieron y validaron el fraude electoral en Venezuela. Las medidas incluyen la cancelación de visas y acusaciones penales por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Se espera que entre 15 y 20 funcionarios chavistas sean sancionados.

Fraude electoral y represión

La administración de Biden ha señalado que el fraude electoral y la posterior represión para mantener a Maduro en el poder son las principales razones para imponer estas sanciones. El TSJ, bajo las órdenes del régimen de Maduro, jugó un papel central en convalidar los resultados fraudulentos que otorgaron la victoria a Maduro, despojando a González Urrutia de su triunfo legítimo.

Dentro de los posibles sancionados se encuentran tres miembros clave del TSJ – Sala Electoral: Caryslia Beatriz Rodríguez, Fanny Beatriz Márquez Cordero e Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta. Estos funcionarios habrían ignorado las denuncias de fraude y validado el resultado electoral a favor de Maduro, lo que ha sido calificado como uno de los mayores fraudes en la historia de América Latina.

Por su parte, el CNE también ha sido señalado por su complicidad en el proceso fraudulento, al no presentar las actas originales de los comicios y favorecer al régimen de Maduro, pese a la presión internacional de organismos como la ONU, la OEA y la Unión Europea, que han exigido transparencia en las elecciones. Entre los sancionados del CNE se encuentran su presidente, Elvis Amoroso, el vicepresidente Carlos Quintero, y las rectoras principales Rosalba Gil y Acmé Nogal.

Estados Unidos no actúa solo en este esfuerzo. La administración Biden ha estado coordinando con países de la región como Brasil y Colombia, así como con la Unión Europea, para presionar al régimen venezolano y lograr que se reconozca la victoria de González Urrutia. Además, existe un canal de comunicación reservado entre Washington y Caracas, donde se intenta negociar una transición democrática con la participación de González Urrutia y María Corina Machado, líder opositora de gran relevancia en el país.

A pesar de estos esfuerzos diplomáticos, Maduro sigue contando con el respaldo de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad venezolanos, quienes han reprimido duramente a la oposición y a los manifestantes en las calles. Las sanciones de Estados Unidos buscan, precisamente, debilitar el apoyo interno al régimen, erosionando la lealtad de los funcionarios sancionados y promoviendo una transición política.

Impacto de las sanciones

La administración de Nicolás Maduro ha respondido con dureza ante las presiones internacionales, resistiendo las medidas tomadas por Estados Unidos y otros actores. Sin embargo, las sanciones buscan quebrar el frente interno del régimen, que depende en gran medida de la lealtad de los altos funcionarios y las fuerzas de seguridad.

Aunque Maduro confía en la lealtad de los sancionados, las sanciones internacionales pueden tener un impacto significativo en su capacidad de maniobra política y financiera. La administración Biden espera que este paquete de medidas abra la puerta a una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela, algo que Maduro ha descartado hasta ahora.