El domingo, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la detención de Rocío San Miguel, una destacada defensora de derechos humanos en el país. San Miguel, reconocida por su incansable labor en la protección de los derechos fundamentales, había sido reportada como desaparecida desde el viernes pasado, generando preocupación entre organizaciones internacionales y medios independientes.

La detención de San Miguel se produjo en cumplimiento de una orden emitida por presunta vinculación a una trama conspirativa conocida como “Brazalete Blanco”. Según Saab, esta trama estaría relacionada con un supuesto intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, así como con ataques a unidades militares en diferentes regiones del país.

#Ahora

el Ministerio Público #informa la detención de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, ello en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada…

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) February 11, 2024

San Miguel, reconocida por su trayectoria como defensora de los derechos humanos, ha sido una voz crítica del gobierno venezolano y ha liderado diversas iniciativas en pro de la justicia y la democracia en el país. Su detención ha despertado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han manifestado su preocupación por la detención de San Miguel, calificándola como una medida arbitraria que busca silenciar la labor de defensa de los derechos fundamentales en Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de San Miguel y su hija en 2012, debido a amenazas y hostigamientos derivados de su labor en la organización Control Ciudadano.

La detención de San Miguel se enmarca en un contexto político tenso en Venezuela, caracterizado por la persecución a la oposición y a defensores de derechos humanos. Su arresto se suma a una serie de acciones por parte del gobierno venezolano que han generado preocupación en la comunidad internacional.

A pesar de las presiones y amenazas, Rocío San Miguel ha mantenido su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Su detención, sin embargo, representa un duro golpe para la comunidad de defensores de derechos humanos en el país y refleja la creciente vulneración de los derechos fundamentales en Venezuela.