El viernes 17 de marzo, Panamá enterró a 13 migrantes no identificados en un cementerio en David, cerca de la frontera con Costa Rica. Estos migrantes fueron parte de los 37 fallecidos en un accidente de autobús en febrero pasado, la peor tragedia de este tipo en el país centroamericano.

La fiscal de la zona, Melissa Isabel Navarro Rodríguez, explicó a los periodistas presentes que cinco personas habían sido identificadas, incluyendo un nigeriano, una persona eritrea, un brasileño y dos haitianos. Sin embargo, ocho personas no habían sido debidamente identificadas, aunque las autoridades sí saben que provienen de Camerún, Ecuador, Haití, Brasil, Cuba, Colombia y Venezuela.

La sepultura de los 13 cuerpos no identificados se realizó en una fosa individualizada de cadáveres debidamente registrados, lo que permitirá a los familiares reclamar el cuerpo si así lo desean. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá también anunció la construcción de nichos humanitarios en el futuro.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades panameñas, la Iglesia católica y una asesora forense de la Cruz Roja Internacional. El director general del IMELCF, José Vicente Pachar, declaró que las personas que hayan perdido a sus seres queridos y crean que puedan estar en Panamá pueden venir a hacer los cotejos y proceder con la entrega de los restos.

La tragedia del autobús en febrero ha generado un fuerte debate sobre el tratamiento de los migrantes en Panamá, muchos de los cuales arriesgan sus vidas al intentar cruzar la selva de Darién para llegar a Norteamérica. Las autoridades han prometido medidas para mejorar las condiciones de los migrantes, pero los grupos de derechos humanos han exigido cambios más significativos.