La oposición de Venezuela ha manifestado su respaldo a la decisión de las autoridades estadounidenses de expulsar a migrantes acusados de pertenecer a organizaciones criminales, entre ellos 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, quienes fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.

Los líderes opositores Edmundo González y María Corina Machado emitieron un comunicado en el que respaldaron las medidas adoptadas por Estados Unidos, Chile y otros países aliados para identificar y sancionar a integrantes de grupos delictivos. No obstante, hicieron un llamado a extremar precauciones para evitar la criminalización injusta de los migrantes venezolanos que no tienen vínculos con estas redes ilegales.

Conexiones con el régimen de Maduro

González y Machado señalaron que el Tren de Aragua representa una amenaza para el hemisferio y lo vincularon con el gobierno de Nicolás Maduro. En su declaración, aseguraron que esta organización delictiva ha logrado expandirse rápidamente con el respaldo de las autoridades venezolanas.

Asimismo, hicieron un llamado a diferenciar entre los criminales y la mayoría de los migrantes venezolanos, quienes han abandonado su país en busca de mejores oportunidades. “En su inmensa mayoría son ciudadanos de bien; gente honrada y trabajadora que huyó del régimen criminal de Maduro”, señalaron en su comunicado.

Los opositores también aprovecharon para solicitar un régimen de protección para los migrantes venezolanos en Estados Unidos, como una medida temporal hasta que puedan regresar a su país en condiciones de seguridad y estabilidad.

Maduro pedirá protección a la ONU

La expulsión de los 238 presuntos miembros del Tren de Aragua se realizó bajo el amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la cual permite la deportación inmediata de individuos considerados una amenaza. Esta medida fue adoptada a pesar de una orden judicial que había suspendido temporalmente las deportaciones de ciudadanos venezolanos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reaccionó a esta decisión anunciando que solicitará a Naciones Unidas y a organismos de derechos humanos que intervengan en favor de los migrantes venezolanos. En una intervención televisada, denunció lo que calificó como “violaciones flagrantes de derechos” y comparó las acciones de Estados Unidos y El Salvador con “campos de concentración”.

Maduro cuestionó la legalidad de estas expulsiones y se dirigió al presidente salvadoreño Nayib Bukele para preguntar si continuará con lo que describió como “crueldad e injusticia” contra los migrantes venezolanos. “¿Esto es legal, es justo, es humano, Nayib Bukele?”, expresó en su discurso.

Crisis migratoria venezolana

La crisis migratoria de Venezuela ha llevado a más de siete millones de ciudadanos a salir del país en los últimos años, según datos de organismos internacionales. Muchos han buscado refugio en Estados Unidos y otras naciones de la región, enfrentando políticas migratorias cada vez más restrictivas.

La decisión de Estados Unidos de deportar presuntos delincuentes ha generado un debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos, especialmente en el contexto de la crisis venezolana. Mientras la oposición insiste en que los verdaderos criminales deben ser identificados y sancionados, también pide garantías para los migrantes inocentes que buscan una vida mejor lejos de la crisis política y económica de su país.