El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado su preocupación por la situación de seguridad en Colombia y ha instado al gobierno a incluir medidas de protección para la población civil en los acuerdos de cese al fuego. Esta declaración forma parte del informe trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC.

Guterres destacó la importancia de buscar consenso para consolidar la paz en el país sudamericano. “Se realizaron notables esfuerzos para mejorar la coordinación y la coherencia entre las entidades involucradas en la implementación del Acuerdo Final”, afirmó el secretario general. Sin embargo, también señaló que “distintos sectores expresaron cada vez más opiniones divergentes sobre la implementación de la paz y las políticas sociales del Gobierno”.

El informe revela datos preocupantes sobre la violencia persistente en Colombia. Desde la firma del acuerdo de paz, al menos 421 excombatientes de las FARC han sido asesinados. Aunque se observó una reducción en el número de homicidios de excombatientes y líderes sociales en comparación con el trimestre anterior, la situación sigue siendo alarmante en varias regiones del país.

“La violencia general sigue siendo motivo de preocupación en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, el Caquetá, el Cauca y el Chocó, donde operan grupos armados ilegales”, advierte el documento de la ONU.

El organismo internacional también expresó su inquietud por la situación en el suroccidente colombiano, especialmente en lo referente al reclutamiento de menores, la violencia contra las mujeres y el uso de minas antipersonal. Para abordar estas problemáticas, Naciones Unidas propone implementar estrategias que incorporen perspectivas étnicas y de género.

En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Guterres subrayó la necesidad de resolver asuntos relacionados con la seguridad jurídica de los comparecientes. “Sigue habiendo importantes desafíos en materia procesal y de carga de trabajo para resolver las cuestiones relativas a la seguridad jurídica de los excombatientes”, señaló el secretario general.

A pesar de reconocer avances significativos, como la orden de la JEP de materializar los beneficios derivados de más de 9.600 amnistías otorgadas en 2017 y 2018, el informe concluye que persisten retos considerables en la implementación de las disposiciones de género incorporadas en el acuerdo de paz.