La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela advirtió este miércoles que las estructuras estatales vinculadas con la represión y las violaciones de derechos humanos permanecen prácticamente intactas, pese a algunas mejoras registradas durante el último año. El organismo señaló que los cambios observados son todavía limitados y no están acompañados de reformas institucionales que permitan garantizar avances sostenidos.

La presidenta de la Misión, Sofía Macher, sostuvo que cualquier proceso de apertura continuará siendo frágil mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione a los responsables de violaciones de derechos humanos. El organismo, creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar graves vulneraciones en Venezuela, ha documentado durante los últimos años casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otras violaciones.

De acuerdo con el informe presentado este miércoles, después de la captura de Nicolás Maduro en el ataque estadounidense contra Caracas del pasado 3 de enero se produjo una reducción significativa de las detenciones prolongadas y de las desapariciones forzadas. La Misión también registró la excarcelación de cientos de presos políticos y un escenario más favorable para las protestas y las reuniones públicas.

Sin embargo, el organismo advirtió que estos cambios no han significado una transformación de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia. Según el informe, una veintena de funcionarios identificados por su presunta participación en graves violaciones de derechos humanos continúan ocupando cargos relevantes o fueron trasladados a otras posiciones después del cambio de poder y la llegada de Delcy Rodríguez a la Presidencia encargada.

La Misión también señaló que la impunidad por hechos ocurridos en el pasado permanece vigente y que, incluso después del 3 de enero, documentó 64 nuevos casos de presunta tortura. A esto se suma la permanencia de leyes que, según el organismo, han sido utilizadas para criminalizar la disidencia, mientras las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia conservan estructuras, políticas y prácticas similares a las existentes antes del cambio político.

Otro de los puntos señalados corresponde a los grupos comunitarios vinculados con labores de vigilancia y control social. La ONU considera necesario desarmarlos o desmantelarlos debido a que, según sus investigaciones, han constituido una fuente de intimidación y violencia.

La Misión concluyó que la reducción de algunas de las formas más severas de represión representa un cambio respecto del periodo anterior, pero insistió en que, sin reformas institucionales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas, esos avances pueden resultar reversibles.