Las recientes excarcelaciones anunciadas por el Gobierno de Venezuela en vísperas de Navidad generaron cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, que advirtieron falta de claridad en las cifras oficiales y señalaron que las medidas no implicaron el cierre de los procesos judiciales contra los detenidos, quienes continúan vinculados a investigaciones por terrorismo bajo condiciones restrictivas.

El Ministerio de Justicia de Servicios Penitenciarios informó la liberación de 99 personas; sin embargo, organizaciones como el Foro Penal y Provea reportaron cifras inferiores tras realizar verificaciones individualizadas. Según sus registros, solo se logró confirmar la salida de entre 45 y 70 ciudadanos, lo que evidenció una brecha significativa frente al anuncio gubernamental.

Óscar Murillo, coordinador de Provea, afirmó que la situación puso de relieve una ausencia de transparencia en los procedimientos. De acuerdo con el vocero, las excarcelaciones no constituyeron absoluciones ni sobreseimientos, sino que se realizaron bajo medidas cautelares, manteniendo a los beneficiarios bajo imputaciones por delitos graves y con restricciones a su movilidad y derechos civiles.

Murillo sostuvo que el mecanismo aplicado respondió a un patrón de arbitrariedad propio de un modelo autoritario. Entre las irregularidades señaladas, destacó que varias liberaciones se habrían producido sin la firma formal de un juez, lo que, a juicio de las organizaciones, vulnera garantías básicas del debido proceso. Además, cuestionó los comunicados oficiales en los que se afirmó que los detenidos fueron “engañados”, una narrativa que, según las ONG, revictimiza a las personas afectadas.

La mayoría de los excarcelados fue detenida tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en medio de una crisis política marcada por denuncias de fraude y protestas en distintos puntos del país. Las organizaciones describieron estas detenciones como redadas masivas, en las que, si bien algunas personas estaban vinculadas a actividades logísticas electorales, la mayoría correspondía a ciudadanos comunes arrestados de manera aleatoria en la vía pública o tras la revisión de sus teléfonos celulares.

El impacto de estas detenciones se extendió más allá de la privación de la libertad. Numerosos jóvenes de distintos estados fueron trasladados a centros de reclusión alejados de sus lugares de origen, lo que dificultó el contacto con sus familias y el acceso a una defensa legal efectiva, debido a los altos costos y a las limitaciones de movilidad.

Pese a las excarcelaciones anunciadas, las organizaciones advirtieron que el número de presos políticos en Venezuela supera las 900 personas. Provea señaló que el ciclo de represión permanece activo y subrayó que figuras consideradas clave continúan privadas de la libertad.

Entre los casos que siguen vigentes se encuentra el de Enrique Márquez, excandidato presidencial detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), luego de solicitar aclaraciones sobre los resultados electorales ante el Tribunal Supremo de Justicia. A este se suman defensores de derechos humanos y miembros de los equipos de trabajo de dirigentes opositores como María Corina Machado y Edmundo González.

** Vía Colprensa