La senadora del Centro Democrático María Clara Posada puso en el centro del debate el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En entrevista con Colprensa, la congresista cuestionó el presupuesto de la JEP, reveló gastos que considera difíciles de justificar y defendió la divulgación de audiencias reservadas que generó un enfrentamiento público con Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’. También anunció una reforma constitucional enfocada en el tratamiento judicial de la Fuerza Pública.

Posada explicó que su revisión surgió al analizar las solicitudes presupuestales de las entidades ante el Congreso. Según sus cálculos, la JEP presentó una solicitud presupuestal de $821.803 millones, una cifra que considera excesiva en medio de la crisis fiscal. A su juicio, la JEP ha costado a los colombianos $3,8 billones desde su creación, y la suma ascendería a $4,4 billones si se mantiene el recorte de $170.000 millones.

Entre los gastos cuestionados están la defensa jurídica de antiguos miembros de las Farc, que cifró en $40.365 millones. Este monto contrasta con el patrimonio de 600 millones de dólares que, según Posada, la revista Forbes les atribuye a los exguerrilleros. También puso en duda el arrendamiento de la sede principal del tribunal, con un costo acumulado de $160.000 millones y un promedio anual de $17.000 millones, mientras el avalúo catastral del inmueble es de $40.000 millones. A ello se suman $10.730 millones por una segunda sede y $56.435 millones en viajes, con destinos como Miami, Houston, Barcelona, Panamá y París.

La polémica, sin embargo, trascendió las cifras. Posada publicó fragmentos de audiencias reservadas del macrocaso de secuestro, donde, según su interpretación, se evidencia una “camaradería vulgar” entre magistrados y comparecientes. En esos videos, asegura, los exguerrilleros intentan minimizar el cautiverio de víctimas como Ingrid Betancourt, el general Mendieta y los tres estadounidenses secuestrados. Esa publicación provocó la reacción de ‘Timochenko’, quien rechazó que se expongan testimonios de diligencias reservadas.

Frente a las críticas por difundir videos editados, Posada justificó que la audiencia completa dura seis horas y que su intención fue resaltar episodios relevantes. “Los colombianos ya pueden acceder al video completo y encontrar que cada fragmento es peor que el anterior”, afirmó. Y defendió su labor de control político: la reserva es establecida por la propia JEP, pero la custodia de las grabaciones recae en esa entidad, no en los congresistas.

La senadora contrastó el acceso a esos materiales con los procesos contra miembros de la Fuerza Pública, donde, según dijo, los magistrados actúan con dureza y las actuaciones son de fácil acceso público. Por último, Posada respaldó un proyecto de acto legislativo que busca modificar el tratamiento judicial de los integrantes de la Fuerza Pública sometidos a la JEP, un tema que promete mantener la justicia transicional en el centro de la agenda política del país.