El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado la disolución del Congreso (Asamblea Nacional) y ha convocado a elecciones anticipadas, en medio de una crisis política y acusaciones de corrupción en su contra.

Lasso, quien asumió el cargo en mayo de 2021, ha sido objeto de una oposición legislativa que lo acusa de presunta corrupción en contratos de transporte de petróleo. El mandatario, ante la votación de la Asamblea Nacional para continuar con el juicio político en su contra, ha optado por disolver el Congreso y convocar a elecciones anticipadas.

La Constitución de Ecuador establece que en un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución en el Registro Oficial, el órgano electoral debe convocar a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años.

Lasso ha argumentado que su decisión de disolver el Congreso es democrática y constitucional, y le devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir. El mandatario ha enfrentado un país sumido en la violencia ligada al narcotráfico y el descontento popular por el costo de vida, y ha pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque a elecciones generales anticipadas.

El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker, que dejó pérdidas por más de 6 millones de dólares, ha sido una de las principales acusaciones de corrupción en contra de Lasso. El mandatario ha asegurado que no ha sido procesado por delito alguno en la justicia ordinaria y que presentó en 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso.

Con la disolución del Congreso, Lasso evita el juicio político y se da la oportunidad de presentarse a las elecciones anticipadas. La convocatoria a nuevas elecciones, en medio de la crisis política y las acusaciones de corrupción en su contra, abre un nuevo capítulo en la política de Ecuador.