La Corte Suprema de Brasil solicitó este miércoles al gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, que presente un informe detallado sobre el operativo policial realizado el martes contra el Comando Vermelho, que dejó más de cien muertos, en lo que se considera la acción más letal en la historia reciente del país.

La orden fue emitida por el magistrado Alexandre de Moraes, quien fijó una audiencia para el próximo 3 de noviembre en Río de Janeiro, con el fin de que el gobernador responda sobre los números oficiales de fallecidos y heridos, las medidas de asistencia a las víctimas y el informe técnico de la operación.

La solicitud se basa en una sentencia previa de la Corte Suprema que estableció nuevas reglas para la ejecución de operaciones policiales en las favelas de Río, buscando evitar violaciones de derechos humanos y garantizar la transparencia en el uso de la fuerza. El tribunal pretende determinar si el Gobierno estatal cumplió con los protocolos de actuación y las directrices de derechos humanos establecidas.

El operativo, ejecutado el martes en los complejos de favelas de Penha y Alemão, tenía como objetivo capturar a los principales líderes del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas del país. Según reportes oficiales, los enfrentamientos se extendieron a zonas boscosas cercanas y derivaron en una intensa confrontación con presuntos miembros de la facción.

Las cifras de víctimas siguen siendo confusas y contradictorias. La Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro*informó que el número de muertos asciende a 132, mientras que el Gobierno regional ha confirmado 119. En tanto, 113 sospechosos fueron detenidos, junto con diez adolescentes, además del decomiso de 119 armas, 14 explosivos y una gran cantidad de drogas.

El gobernador Cláudio Castro calificó la operación como un “éxito”, mencionando que las únicas víctimas reconocidas por el Ejecutivo regional son los cuatro agentes policiales fallecidos durante el enfrentamiento.

Por su parte, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, cuestionó la legalidad del operativo y señaló que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostró “aterrado” por el elevado número de muertes y “sorprendido” por no haber sido notificado previamente de la acción.

Tras la polémica, los Gobiernos federal y estatal anunciaron la creación de la Oficina de Emergencia de Enfrentamiento al Crimen Organizado, un organismo temporal destinado a coordinar esfuerzos entre las fuerzas nacionales y regionales. El anuncio se realizó luego de una reunión entre Lewandowski y Castro, convocada por el propio presidente Lula, con el propósito de fortalecer la cooperación institucional en materia de seguridad pública.

El ministro explicó que la nueva entidad actuará como un foro operativo de emergencia, con el fin de acelerar la toma de decisiones en el combate al crimen organizado, sin sustituir las competencias de las fuerzas estatales.

La operación en Río de Janeiro ha reavivado el debate sobre la actuación policial en las favelas, donde viven más de 200.000 personas en condiciones de alta vulnerabilidad.

Con información de dw