La propuesta migratoria del aspirante a la nominación presidencial por el Partido Republicano, Vivek Ramaswamy, ha causado un revuelo considerable al destacar por su enfoque inusualmente radical y antiinmigrante. Esta postura ha despertado críticas y debates intensos en medio de la contienda por la presidencia, generando una creciente preocupación entre defensores de los derechos de los inmigrantes y expertos en políticas migratorias.

Ramaswamy, un empresario de ascendencia india y hijo de inmigrantes, ha planteado una serie de medidas que han sido calificadas como “extremistas” por aquellos que abogan por una política migratoria más inclusiva. Su propuesta más polémica radica en la defensa de una “tolerancia cero” aún más rigurosa que la impulsada por el expresidente Donald Trump. Esta política, según el candidato, incluiría la posibilidad de recurrir a la “militarización total” de la frontera para asegurar su cierre.

Sin embargo, esta posición ha sido objeto de críticas y análisis legales. De acuerdo con fuentes como el diario The New York Times, la implementación de medidas de este tipo podría chocar con leyes que prohíben el empleo de fuerzas militares federales para hacer cumplir leyes civiles, además de entrar en conflicto con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) aprobada por el Congreso en 1965.

Expertos en el tema y líderes de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han reaccionado enérgicamente ante estas propuestas. Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en Washington DC, ha señalado que Ramaswamy está adoptando posturas extremas para ganar notoriedad en la contienda por la nominación presidencial republicana. “Está tomando todas las posiciones extremas porque no tiene ninguna otra oportunidad de ganar la nominación presidencial”, comenta Núñez.

Entre las propuestas más controversiales del candidato destaca la idea de deportar a la totalidad de los aproximadamente 12 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula residen en el país, incluyendo a los beneficiarios del programa DACA. Sin embargo, críticos como Núñez desestiman esta idea como impracticable y poco realista, argumentando que su implementación requeriría recursos financieros y logísticos que el país actualmente no posee.