El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, ha comenzado a implementar una serie de reformas en materia de políticas migratorias, entre ellas el cobro por el uso de servicios públicos a extranjeros no residentes. Una de las áreas en las que ya se aplican estas medidas es el sistema de salud, donde cinco jurisdicciones han adoptado el cobro por atención médica a personas sin Documento Nacional de Identidad (DNI) argentino o sin acreditación de residencia en el país.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Salta, Jujuy, Santa Cruz y Mendoza son las provincias que han comenzado a exigir el pago por los servicios de salud en hospitales públicos y centros médicos a partir de marzo de 2024, en línea con las disposiciones del Poder Ejecutivo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: $13.000 millones mensuales en recaudación

En CABA, la medida ya está en vigor desde marzo, y según el Ministerio de Salud, ha permitido recuperar alrededor de $13.000 millones mensuales a través de la Sociedad de Facturación y Cobranzas de los Efectores Públicos (Facoep). Aunque los extranjeros no residentes representan solo el 1% de los pacientes atendidos en la ciudad, el sistema permite facturar cada consulta o tratamiento recibido por personas sin DNI argentino.

Salta: reducción del 95% en atención a extranjeros

La provincia de Salta, mediante la Ley Nº 8.421, comenzó a cobrar desde febrero de 2024 por la atención médica a todas aquellas personas que no puedan acreditar residencia, trabajo registrado o pago de impuestos en el país. Según el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, antes de esta normativa se atendían unos 3.300 extranjeros por mes, cifra que se redujo en un 95% tras la implementación de la medida.

El funcionario explicó que esta política permitió descomprimir el sistema de salud provincial, ya que los pacientes locales enfrentaban demoras de meses para acceder a turnos.

Santa Cruz: 50% extra por consultas médicas

Desde abril de 2024, Santa Cruz aplica un recargo del 50% sobre el valor de la consulta médica a extranjeros no residentes. Según informó la ministra de Salud, Analía Constantini, el valor actual de la consulta es de $13.500. Esta medida fue establecida mediante el Decreto N° 1266, con el objetivo de regularizar la atención médica de turistas que ingresan al país únicamente para utilizar el sistema de salud público.

Entre septiembre y noviembre de 2024, la provincia recaudó $15 millones mediante este sistema, que representó el 3% del total de los pacientes que habitualmente concurren a los centros de salud santacruceños.

Jujuy: ahorro de $500 millones desde 2023

En la provincia de Jujuy, el cobro a extranjeros no residentes se formalizó a través de la Ley 6.116, implementada desde septiembre de 2024. El Instituto de Seguros de Jujuy es el encargado de establecer los aranceles de atención médica, que varían de acuerdo con la práctica realizada.

Según el diputado provincial Omar Gutiérrez, presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura, se ha registrado un ahorro de $500 millones en consultas ambulatorias entre enero de 2023 y agosto de 2024, tras la aplicación de estas políticas.

Marco general de las reformas migratorias

Estas medidas se enmarcan en una serie de reformas impulsadas por el presidente Javier Milei, quien desde su asunción anunció el objetivo de que los extranjeros que ingresen de forma temporal a Argentina deban “pagar los servicios que utilizan”. En diciembre de 2024, el vocero presidencial Manuel Adorni también señaló el fin de la gratuidad en la atención médica para extranjeros, así como posibles cambios en el acceso a la educación pública.

El gobierno nacional ha manifestado que estas decisiones responden a la necesidad de reorganizar el gasto público y garantizar que los servicios estatales estén prioritariamente disponibles para residentes y ciudadanos que contribuyen con impuestos.

Con estas cinco jurisdicciones adoptando el cobro a extranjeros por atención médica, se prevé que otras provincias del país puedan sumarse a esta iniciativa en los próximos meses. Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando el impacto de la medida tanto en términos de recaudación como en la gestión de la demanda del sistema de salud público.