El Consejo de ministros italiano aprobó un decreto que permite al Gobierno modificar la lista de países seguros de procedencia de los migrantes, eliminando así obstáculos legales para la aplicación del polémico acuerdo multimillonario con Albania. La medida llega después de que el Tribunal de Roma cuestionara la legalidad y viabilidad del acuerdo.

El plan, que establece centros de procesamiento de inmigrantes en alta mar en Albania, ha sido cuestionado por el Tribunal de Roma, que considera que los países de origen de los migrantes (Bangladesh y Egipto) son “inseguros” y que la discriminación y la persecución en una parte del país podrían hacer ilegal el envío de los hombres a Albania.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, argumentó que es el Gobierno, y no el poder judicial, el que debe decidir qué países son seguros. La decisión del tribunal confirma una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 4 de octubre.

El partido ultraderechista de Meloni, Hermanos de Italia, sostiene que las decisiones del Gobierno deben prevalecer sobre las del poder judicial. El ministro de Justicia, Carlo Nordio, afirmó que “la definición de país seguro no puede dejarse en manos del poder judicial; se trata de una decisión política, aunque en el marco del derecho internacional”.

El plan entre Tirana y Roma estableció centros de tramitación de inmigrantes en alta mar en Shengjin, ciudad portuaria cercana a la capital albanesa. Hasta 3.000 inmigrantes recogidos cada mes por la guardia costera italiana en aguas internacionales serán acogidos en Albania en virtud de un acuerdo de cinco años firmado el pasado noviembre por Meloni y su homólogo albanés, Edi Rama.

Austria, Dinamarca, Países Bajos y Alemania han mostrado interés en el plan, a pesar de la insistencia de Albania en que es exclusivo de Italia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofreció su posible apoyo al plan, proponiendo que los Estados miembros de la UE desarrollen “soluciones innovadoras” para abordar la migración.

La oposición italiana ha afirmado que el fallo judicial demuestra que el plan es contrario a la ley y debe ser eliminado.

Con información de euronews