Este jueves, la Conferencia Episcopal Española (CEE) publicó la actualización de su informe “Para dar Luz”, en donde revela parte de los resultados de la auditoría privada realizada por el despacho de abogados Cremades & Calvo sobre abusos sexuales en la Iglesia católica en España, según la cual se han presentado 1.383 denuncias y un mínimo de 2.056 casos de abuso sexual a menores en colegios e internados.

La CEE no ha mostrado la versión íntegra de la auditoría -encargada al despacho febrero de 2022- ni precisa la cifra de abusadores, aunque establece que el perfil mayoritario de las víctimas es de niños varones, de entre 7 y 14 años, que sufrieron los abusos a manos principalmente de religiosos, siendo las décadas de 1960-70 y 2010-2019 las que presentan el mayor número de casos reportados.

Critican informes

La cifra dada por la auditoría de Cremades & Calvo Sotelo se queda corta ante los resultados de un estudio previo coordinado por el Defensor del Pueblo y revelado el pasado mes de octubre, el cual calculaba que el número total de víctimas de abuso a menores por representante de la Iglesia en España superan las 200.000 desde 1905.

Incluso la CEE se reunió para dar respuesta al informe del Defensor del Pueblo y había pedido “perdón” a las víctimas, aunque rechazaron la supuesta extrapolación de los datos de una encuesta incluida en el documento, basadas en proyecciones elaboradas por los medios de comunicación.

El informe de la auditoría igualmente fue blanco de críticas por el obispado por considerar que existieron errores conceptuales y considerar que el análisis se basa “en una recopilación de casos parecidos en estudios previos, sin realizar un estudio en profundidad”.

No obstante, la CEE admite que las más de 2.000 víctimas documentadas en la auditoría solo representan una parte de los abusos totales, por lo que insta a seguir investigando para esclarecer la magnitud real del problema en España.

Sugieren suspensión de abusadores e indemnizaciones

Es así que en su informe “Para dar luz” además de presentar parte del Informe-Auditoría elaborado por el despacho, recoge aportaciones y recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo, parte del “trabajo de las Oficinas diocesanas de protección de menores e incluye información sobre los casos de abusos recogidos en los tribunales eclesiásticos, en los tribunales civiles y en los medios de comunicación”.

Los obispos españoles concluyen que, más allá de los datos, lo importante es que ambos estudios coinciden en señalar la gravedad de los abusos y la necesidad de implementar medidas de prevención, detección y reparación a las víctimas. La CEE ha implementado protocolos de actuación y oficinas de protección al menor, aunque activistas reclaman más celeridad en las investigaciones y castigos contra los culpables de estos abusos.

Entre las recomendaciones, el informe plantea indemnizaciones de entre 6.000 y 100.000 euros, y la creación de un fondo de 50 millones de euros para cubrirlas. También propone medidas como la suspensión de los abusadores, la creación de canales de denuncia externos e internos, y que se reconozca públicamente el valor de la memoria de las víctimas.