Human Rights Watch (HRW) ha confirmado la muerte de al menos 24 personas en el contexto de las recientes protestas post-electorales en Venezuela, en medio de la violencia desatada tras los cuestionados comicios presidenciales del 28 de julio.

Juanita Goebertu, directora de la División de las Américas de HRW, compartió a través de sus redes sociales: “Hasta el momento hemos recibido reportes creíbles de 24 muertes ocurridas en el contexto de las protestas post-electorales en Venezuela. Se trataría de 23 manifestantes o transeúntes y un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana”. La organización se encuentra en proceso de verificar cada caso reportado.

Las manifestaciones estallaron después de que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) divulgara “el 81%” de las actas electorales, que según la oposición, indican una victoria contundente de Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro. La falta de publicación oficial de las actas por parte del Consejo Nacional Electoral ha intensificado las protestas en todo el país.

Mientras tanto, miles de chavistas marcharon por Caracas en apoyo a la reelección de Maduro, cuyo triunfo ha sido ampliamente cuestionado. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha convocado manifestaciones en varias regiones del país, rechazando las acusaciones de fraude electoral.

La situación se ha vuelto más tensa desde el lunes, con más de 2.000 detenidos en todo el país. El gobierno acusa a la PUD de intentar desestabilizar el país, mientras la oposición insiste en que las cifras electorales divulgadas demuestran su victoria.

En este contexto, la Unión Europea ha expresado su preocupación por la situación. Peter Stano, portavoz del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, declaró: “Estamos muy preocupados por la situación en Venezuela y reiteramos el llamado a las autoridades para que terminen con esta campaña de intimidación judicial”.

La declaración de la UE surge tras el anuncio de una investigación penal contra los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González, acusados de “instigación a la insurrección” por las autoridades venezolanas.