El Gobierno de Guatemala, liderado por el presidente Bernardo Arévalo de León, expresó su rechazo a la orden de captura emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, exintegrantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La medida ha generado tensiones diplomáticas y reacciones a nivel nacional e internacional.

En un comunicado oficial divulgado este lunes, el Ejecutivo guatemalteco señaló que la decisión judicial no cuenta con respaldo en el ordenamiento jurídico nacional ni internacional. Según el pronunciamiento, la orden vulnera el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala para la creación de la CICIG, firmado con el objetivo de combatir la corrupción estructural dentro del Estado guatemalteco.

La orden de detención fue emitida en el contexto del caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más relevantes de América Latina. Las autoridades judiciales de Guatemala acusan a Velásquez y Camargo de supuestas irregularidades cometidas durante su trabajo en la CICIG, que operó entre 2007 y 2019. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que lidera Rafael Curruchiche, sostiene que se habrían cometido delitos como asociación ilícita, tráfico de influencias, colusión y obstrucción de la justicia.

Tanto Iván Velásquez, actual embajador de Colombia ante el Vaticano y exministro de Defensa, como Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia, participaron activamente en investigaciones que desmantelaron más de 100 estructuras de corrupción entre 2014 y 2019.

Críticas a la Sala de Apelaciones

La orden fue dictada por la Sala Tercera de Apelaciones, presidida por el abogado Alejandro Prado, instancia que ha sido señalada por organismos nacionales e internacionales por emitir decisiones controversiales en casos de alto perfil. Entre ellos, destaca su participación en procesos contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín, detenido desde hace más de mil días sin cargos definitivos, y contra figuras clave en la lucha contra la corrupción como Stuardo Campo, exfiscal anticorrupción, y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por su papel en las elecciones de 2023.

Organizaciones sociales han denunciado que tanto Zamora como Campo son considerados “presos políticos”, debido a las represalias por su trabajo en favor de la transparencia institucional en Guatemala.

El exfiscal guatemalteco Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos, se pronunció en contra de la decisión judicial y recordó que los magistrados de apelación, conforme a la legislación guatemalteca, no tienen competencia para emitir órdenes de captura. Asimismo, destacó que la solicitud fue planteada por el Ministerio Público, cuya cúpula se encuentra sancionada por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos actos de corrupción y por intentar revertir los resultados electorales de 2023.

Reacción del Gobierno de Colombia y respaldo de la ONU

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia también rechazó la orden de detención, calificándola como carente de fundamento jurídico y como un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional. En el mismo sentido, la Organización de las Naciones Unidas recordó en 2024 que los exfuncionarios internacionales que formaron parte de la CICIG continúan amparados por inmunidad diplomática, según lo establecido en el acuerdo original firmado con el Estado guatemalteco.

El Gobierno de Guatemala informó que ya ha iniciado conversaciones diplomáticas con las autoridades de Colombia para abordar el tema y realizar las aclaraciones correspondientes. Este episodio representa un nuevo punto de tensión en las relaciones bilaterales entre ambos países, especialmente por el reconocimiento internacional del trabajo realizado por la CICIG en la lucha contra la corrupción durante su vigencia.

La situación continúa en desarrollo y se espera que organismos multilaterales, así como otras naciones, se pronuncien frente a esta controversia judicial y diplomática que ha reactivado el debate sobre el legado de la CICIG en Guatemala y los límites legales en torno a la persecución penal contra sus exmiembros.