Francia se encuentra en medio de otra jornada de protestas contra la controvertida reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron. Mientras tanto, siete diputados y siete senadores están trabajando para acordar un texto conjunto antes de que se someta a votación el jueves.

El plan de Macron para retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y exigir 43 años de cotización ha sido ampliamente rechazado por los franceses, con dos de cada tres ciudadanos oponiéndose a la propuesta. A pesar de las manifestaciones masivas que tuvieron lugar el 7 de marzo, el gobierno se ha mantenido firme en su intención de aprobar la reforma, argumentando que es necesaria para evitar un déficit en el sistema de pensiones.

La huelga en los sectores de energía y transporte ha provocado interrupciones significativas, incluyendo toneladas de basura acumuladas en las calles de París. Sin embargo, a medida que se acerca la votación, la movilización ha perdido fuerza y un reciente sondeo muestra que el 80% de los franceses esperan que la reforma se apruebe.

Mientras tanto, los sindicatos están pidiendo una “consulta ciudadana” sobre la reforma, argumentando que carece de legitimidad democrática debido a la oposición popular. El gobierno ha aumentado la presión sobre los diputados oficialistas y de derecha, a la espera de no tener que activar el procedimiento parlamentario polémico conocido como el “49.3” para aprobar la reforma.

La adopción de un texto conjunto este miércoles por la comisión mixta de 14 senadores y diputados se da por hecho, pero la incertidumbre planea sobre si el proyecto de ley resultante recabará la mayoría necesaria el jueves en la Asamblea Nacional (cámara baja).