El Gobierno de Francia aplicará un incremento del 1,6 % al Salario Mínimo Interprofesional de Crecimiento (Smic) a partir de principios de diciembre, elevando el ingreso básico hasta los 1.501 euros mensuales. La medida, anunciada por el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, tras una ronda de negociaciones con sindicatos y patronales, busca aliviar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y frenar la agitación social provocada por la inflación.

El Ejecutivo del primer ministro Sébastien Lecornu ha presentado este ajuste —el segundo más significativo en las últimas dos décadas— como una respuesta directa a la presión económica de las familias. Antes de esta actualización, el sueldo mínimo se situaba en 1.477,93 euros. Pese a superar la barrera simbólica de los 1.500 euros, el incremento queda lejos de las expectativas sindicales, que demandaban un alza de entre 100 y 150 euros para contrarrestar el encarecimiento acumulado de rubros esenciales como la energía, la alimentación y la vivienda.

Para reforzar el impacto de la medida, el gabinete ministerial ha articulado un conjunto de disposiciones energéticas y fiscales:

• Carburantes: El ministro Farandou destacó una rebaja media de 21 céntimos por litro en el 76 % de las gasolineras, junto con la propuesta de extender hasta 2027 el tope de 1.000 euros en las ayudas empresariales para combustible.
• Incentivos laborales y fiscales: El titular de Economía, Roland Lescure, planteó elevar el límite de exención tributaria para las horas extraordinarias de 7.500 a 10.000 euros.
• Beneficios corporativos: Se proyecta ampliar la prima de reparto de valor a empresas de más de 50 empleados, lo que integraría a 1,5 millones de trabajadores adicionales para alcanzar un universo de cuatro millones de beneficiarios.
• Movilidad: Se mantendrá durante 2027 la cobertura del 75 % por parte de los empleadores en los abonos de transporte público.

A pesar del despliegue del plan, diversos analistas y sectores sociales advierten que la eficacia real del paquete dependerá de factores externos al control estricto del Estado. Buena parte de estas iniciativas está sujeta a la aprobación del presupuesto legislativo y a la voluntad de las empresas para implementar los esquemas voluntarios de horas extra y bonificaciones.

En paralelo, el Gobierno prevé reactivar el denominado Decreto Guedj, enfocado en conceder exenciones en cotizaciones sociales a aquellas compañías que eleven sus escalas salariales, a la par que prepara una normativa para exigir máxima transparencia sobre las ayudas públicas recibidas por el sector privado. El éxito del plan de Lecornu radicará en si este equilibrio entre contención salarial y subsidios focalizados logra desactivar el malestar ciudadano en las calles.