La Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia, candidato de la principal coalición opositora. Esta petición, dirigida a un juzgado especializado en delitos de terrorismo, se fundamenta en una serie de acusaciones relacionadas con las recientes elecciones presidenciales del 28 de julio.

Según el comunicado oficial del Ministerio Público, González Urrutia enfrenta cargos por presunta usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje y asociación para delinquir. Estas acusaciones están vinculadas a la publicación de una página web donde la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) afirma haber recopilado el 83,5% de las actas electorales, que utilizan para respaldar sus denuncias de fraude en los comicios.

La decisión de la Fiscalía llega después de que González Urrutia desatendiera tres citaciones previas. El candidato opositor justificó su ausencia argumentando falta de claridad sobre la condición en que debía presentarse y cuestionando la precalificación de delitos que, según él, no ha cometido. En un video difundido en redes sociales el 25 de agosto, González Urrutia acusó al fiscal general, Tarek William Saab, de actuar como un “acusador político” y de condenar anticipadamente sin garantías de independencia ni debido proceso.

El conflicto se intensifica en un contexto donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha proclamado a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones, resultado que ha sido cuestionado por numerosos países. Algunos de estos respaldan la versión de la oposición, que asegura que González Urrutia obtuvo una victoria por amplio margen.

La publicación de las actas electorales por parte de la PUD, calificadas como “falsas” por el gobierno venezolano, ha sido el detonante de esta escalada legal. La coalición opositora sostiene que estas actas fueron recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección, mientras que el Ejecutivo rechaza su validez.

Esta situación ha generado preocupación entre observadores internacionales y defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre los riesgos para el proceso democrático en Venezuela. Mientras tanto, países vecinos y organismos multilaterales han expresado su inquietud por la estabilidad política de Venezuela y el respeto a los procesos democráticos.