La Fiscalía General de la República ha anunciado la apertura de una investigación penal contra dos prominentes figuras de la oposición: María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Esta decisión, comunicada el 5 de agosto, se produce en medio de una creciente tensión política tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio.

El fiscal general, Tarek William Saab, emitió un comunicado detallando los cargos potenciales: “Se evidencia la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración”.

La investigación surge como respuesta a un pronunciamiento conjunto de Machado y González Urrutia, en el que llamaron a las fuerzas de seguridad a “hacer respetar” los resultados electorales que, según ellos, favorecen a la oposición. “Hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y de sus propias familias”, reza el documento que desencadenó la acción legal.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, mantiene su postura de fraude electoral. “Maduro se niega a reconocer que fue derrotado”, afirman, respaldados por declaraciones de varios países, incluyendo Estados Unidos y Argentina.

El escenario post-electoral ha sido testigo de protestas que, según fuentes de la oposición, han dejado “al menos 13 muertos y más de 2.000 detenidos”. La PUD asegura haber publicado “el 81%” de las actas electorales, que supuestamente demuestran una victoria de González Urrutia.

“Con esta masiva violación de derechos humanos, el alto mando militar se alinea con Maduro y sus viles intereses”, declara el comunicado opositor, acusando al gobierno de haber dado “un golpe de Estado que contraría todo el orden constitucional”.

Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha publicado las actas electorales oficiales que respaldarían la victoria de Maduro, alimentando aún más las dudas sobre la transparencia del proceso electoral.