La estrategia militar del gobierno del presidente Donald Trump para atacar embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe enfrenta crecientes cuestionamientos de expertos, exfuncionarios y agentes de seguridad, quienes aseguran que estas operaciones no están frenando el flujo de drogas hacia Estados Unidos, como afirma la Casa Blanca, sino afectando principalmente rutas que abastecen al mercado europeo.

Desde el 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses han ejecutado 21 ataques letales contra embarcaciones señaladas de transportar narcóticos, dejando más de 80 muertos, según cifras del Pentágono. La Administración ha defendido estas acciones como una respuesta legal ante lo que considera “narcoterroristas” que buscan introducir sustancias ilícitas en territorio estadounidense. Sin embargo, múltiples fuentes sostienen que esta justificación no se sostiene frente a la evidencia.

Las rutas no coinciden con el discurso oficial

De acuerdo con funcionarios actuales y antiguos dedicados a la lucha contra el narcotráfico, así como especialistas en crimen transnacional, las lanchas rápidas que operan en el Caribe transportan principalmente cocaína procedente de Venezuela y otros puntos de Sudamérica con destino a Europa, no a Estados Unidos. El propio Pentágono reconoce que cerca del 90 % de la cocaína que sale de Venezuela viaja hacia el Viejo Continente.

“Lo que sale de Venezuela es cocaína, no fentanilo”, explicó Christopher Hernández-Roy, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, quien aseguró que el mercado europeo se ha disparado en los últimos años debido a su mayor rentabilidad y a penas menos severas en algunos tramos de la cadena de suministro.

El fentanilo —la droga que causa la mayoría de las sobredosis en Estados Unidos— no se mueve por rutas marítimas en el Caribe, sino por tierra desde México, detallan los informes del propio gobierno estadounidense. En 2023, esta sustancia estuvo involucrada en el 76 % de las muertes por opioides en el país.

Críticas internas y externas por la legalidad de los ataques

La ofensiva militar ha generado inquietudes sobre su legalidad tanto en Washington como entre países aliados. Legisladores de ambos partidos han cuestionado si los ataques cumplen con normas nacionales e internacionales. Incluso socios de la OTAN, como el Reino Unido, han limitado el intercambio de información por temor a que la campaña sea considerada ilegal.

A pesar de las críticas, la Casa Blanca insistió en que los operativos han sido “golpes decisivos”. “El presidente seguirá utilizando todos los recursos del poder estadounidense para impedir que narcóticos inunden nuestro país”, afirmó la vocera Anna Kelly. El Pentágono, por su parte, sostuvo que la inteligencia corroboró que las embarcaciones atacadas tenían como destino Estados Unidos, aunque múltiples especialistas contradicen esa afirmación.

Pocos efectos y pérdidas de inteligencia clave

Exfuncionarios militares advierten que los bombardeos no solo resultan ineficaces para frenar el narcotráfico, sino que además eliminan la posibilidad de obtener información estratégica. “La mayor parte de nuestra inteligencia proviene de las personas capturadas en estas embarcaciones”, explicó William Baumgartner, contralmirante retirado de la Guardia Costera. “Si Estados Unidos mata o repatría a quienes van a bordo, perjudica su propia capacidad de desmantelar redes”.

Según Rahul Gupta, exdirector de la política antidrogas de la Casa Blanca, quienes viajan en estas lanchas suelen ser jóvenes de entre 15 y 24 años, reclutados por sumas mínimas y considerados prescindibles por los cárteles. “Los líderes no están recibiendo el mensaje porque realmente no les importan estas personas”, sostuvo.

Una estrategia simbólica más que efectiva

Mientras Trump sostiene que cada barco hundido “salva 25.000 vidas”, expertos señalan que la estrategia no ataca las rutas por donde realmente ingresa droga a EE. UU. La cocaína destinada al mercado norteamericano llega principalmente por rutas del Pacífico desde Colombia y Ecuador, donde no se ha desplegado un esfuerzo militar similar al del Caribe.

Para Vanda Felbab-Brown, investigadora del Brookings Institution, los ataques son insuficientes para afectar la estructura del narcotráfico, pues los cárteles pueden reorganizar rutas y métodos con rapidez. “Los beneficios son demasiado altos como para que esto tenga un efecto disuasorio real”, advirtió.

Gupta coincide y considera que se trata de “acciones simbólicas” sin un enfoque estratégico integral. “El simbolismo no va a tratar a las personas con adicción ni a desmantelar los cárteles, su logística o su sistema económico”, concluyó.

Las dudas sobre la eficacia y legitimidad de la campaña militar continúan creciendo, mientras la Administración insiste en mantenerla como pilar de su política antidrogas.