La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció este miércoles que a partir de 2026 comenzará a aplicar aranceles progresivos a las importaciones procedentes de Nicaragua. La medida responde, según la entidad, a políticas económicas y comerciales consideradas “irrazonables” y a abusos contra los derechos laborales documentados durante una investigación formal.

Los nuevos aranceles afectarán a todos los productos nicaragüenses que no están cubiertos por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA). Conforme al cronograma divulgado, la tarifa iniciará en 0 % el 1 de enero de 2026, aumentará al 10 % en 2027 y llegará al 15 % en 2028. Estas tasas se sumarán a otras ya vigentes, incluida la Tarifa Recíproca del 18 %.

La decisión se adoptó tras una investigación de 12 meses en la que la USTR recibió más de 2.000 comentarios de ciudadanos, organizaciones y empresas. Según el informe final, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene “actos, políticas y prácticas irrazonables que restringen las oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses en Nicaragua”.

El documento sostiene que el país ha incurrido en prácticas que generan condiciones de competencia desleal, entre ellas la explotación laboral y la afectación de derechos de los trabajadores. También señala la confiscación de bienes pertenecientes a instituciones religiosas nacionales y extranjeras, así como a empresas y ciudadanos estadounidenses. A esto se suma, de acuerdo con la USTR, un “entorno de alto riesgo” para las inversiones provenientes de Estados Unidos.

Daniel Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y también ocupó la presidencia en la década de 1980. Su administración ha sido señalada por organizaciones humanitarias y sectores opositores de consolidar un modelo político autoritario. En febrero, tras una reforma constitucional, Nicaragua designó a Rosario Murillo, de 74 años, como copresidenta.

El informe de 46 páginas emitido por la USTR menciona además que la falta de avances en materia de derechos humanos, libertades fundamentales y fortalecimiento del Estado de derecho podría llevar a una modificación del cronograma o a un aumento adicional de las tarifas anunciadas.

La medida introduce un nuevo frente en las relaciones comerciales entre ambos países y plantea un escenario de impacto gradual sobre exportaciones nicaragüenses fuera del marco del DR-CAFTA a partir de 2026.

Con información de dw