El gobierno de Estados Unidos ha anunciado la cancelación del estatus legal de más de 500,000 migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Esta medida, publicada en el Registro Federal, afecta a quienes estaban protegidos por programas de permiso de permanencia temporal implementados durante la administración de Joe Biden.

Plazo de 30 días para abandonar el país

Los migrantes afectados deben abandonar Estados Unidos antes del 24 de abril, cumpliendo así con el plazo de 30 días establecido desde la publicación del aviso. Esta decisión marca un cambio significativo en la política migratoria del país, que había permitido a estos migrantes residir y trabajar temporalmente.

En enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había anunciado el fin gradual de estos programas. Según el DHS, la administración anterior había hecho un uso excesivo de la libertad condicional humanitaria, aplicándola a diversas nacionalidades sin una evaluación individual adecuada.

“La administración Biden-Harris utilizó el programa de permisos humanitarios para permitir la entrada de 1.5 millones de migrantes sin distinción. Estas acciones se detuvieron desde el primer día de la nueva administración”, señala el comunicado del DHS.

La medida busca restablecer el propósito original del programa de permisos humanitarios, que es evaluar las solicitudes de manera individual. Este cambio refleja una postura más estricta en la política migratoria, enfocada en garantizar que solo aquellos que cumplan con los requisitos específicos puedan beneficiarse de estos permisos.

Impacto en la comunidad migrante

La cancelación del estatus migratorio para estos migrantes tendrá un impacto significativo en sus vidas y en la comunidad en general. Muchos de ellos habían establecido raíces en Estados Unidos, encontrando empleo y contribuyendo a la economía local. La medida plantea desafíos adicionales para aquellos que deben reubicarse en un corto período de tiempo.

En los próximos días, se espera que organizaciones de derechos humanos y grupos comunitarios ofrezcan apoyo a los migrantes afectados, proporcionando asesoría legal y recursos para facilitar su transición.

Esta decisión del gobierno de Estados Unidos subraya la complejidad y los desafíos inherentes a la política migratoria, destacando la necesidad de un enfoque equilibrado que considere tanto la seguridad nacional como el bienestar de los migrantes.