Un pandillero de la Mara Salvatrucha MS-13 ha sido condenado a 1.310 años de prisión por un tribunal en El Salvador. Wilmer Segovia, miembro de la pandilla, fue declarado culpable de cometer 33 homicidios, 9 proposiciones para asesinato y varias extorsiones. La sentencia fue anunciada por el fiscal general, Rodolfo Delgado, en sus redes sociales el pasado 7 de marzo. Delgado también informó que otro pandillero, Miguel Ángel Portillo, fue condenado a más de 900 años de prisión por 22 homicidios, 4 proposiciones para cometer asesinato, 1 intento de homicidio y extorsiones.

El endurecimiento de las penas para los miembros de pandillas fue aprobado por el Congreso de El Salvador en marzo de 2022, como parte del estado de excepción. El artículo 345 del Código Penal fue modificado para que el solo hecho de pertenecer a estructuras terroristas se considere delito y se castigue con una pena ejemplar. La pena por agrupación ilícita, que se aplica a quienes pertenecen a pandillas, se quintuplicó, de 9 a 45 años de prisión, y se eliminó el beneficio de libertad condicional para delitos graves como el homicidio.

El gobierno de El Salvador inauguró recientemente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel con capacidad para más de 40.000 reclusos, que se considera la más grande de América Latina. El presidente Nayib Bukele ordenó el traslado de los primeros 2.000 presuntos pandilleros al CECOT en un solo operativo el 24 de febrero. Desde el inicio del estado de excepción, más de 65.000 personas han sido detenidas en la lucha contra las pandillas.

Sin embargo, el gobierno de Bukele ha sido criticado por organizaciones internacionales como Human Rights Watch por prácticas arbitrarias durante los arrestos y la falta de un debido proceso. A pesar de esto, el presidente Bukele ha reiterado que los pandilleros responsables de crímenes graves permanecerán encarcelados hasta que paguen por cada uno de sus delitos.

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