Dos fiscalías federales de Estados Unidos, en Manhattan y Brooklyn, avanzan en pesquisas preliminares para determinar si el presidente colombiano Gustavo Petro mantuvo vínculos con el narcotráfico, incluyendo posibles reuniones con capos y donaciones a su campaña presidencial de 2022. La investigación, confirmada por The New York Times y corroborada por Reuters y AP, involucra a agencias como la DEA y HSI, aunque aún no hay acusaciones formales ni expedientes abiertos.

Según el diario estadounidense, las indagaciones exploran si Petro, cuya política de “paz total” ha sido criticada por facilitar acercamientos con grupos criminales, recibió financiamiento de narcotraficantes durante su carrera política. La DEA habría designado al mandatario como “objetivo prioritario” tras recibir testimonios de informantes que lo vincularían con el Cartel de Sinaloa y otras estructuras transnacionales. Aunque la agencia no ha emitido declaraciones oficiales, fuentes judiciales sugieren que figuras clave, como el general (r) Clíver Alcalá —condenado por tráfico de armas a las FARC— o extraditables colombianos, podrían ser consultados bajo la Regla 35, que ofrece reducciones de pena a cambio de cooperación.

Reacciones en Colombia y EE. UU.: diplomacia en jaque

La noticia ha reavivado tensiones bilaterales, ya deterioradas por diferencias ideológicas entre Petro y figuras como Donald Trump, quien en el pasado lo llamó “líder del narcotráfico” y “lunático”. El congresista republicano Carlos Giménez celebró la investigación en redes sociales, publicando una imagen generada por IA que muestra a Petro y Nicolás Maduro con uniformes carcelarios, acompañada de un mensaje: “Ojalá los colombianos se den cuenta de que la izquierda solo trae miseria”.

En Colombia, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, acusó al Gobierno de “defender” al narcotráfico, citando al alias Calarcá —vinculado a disidencias de las FARC— como ejemplo de impunidad. La Embajada colombiana en Washington respondió con un comunicado tachando las acusaciones de “infundadas”, mientras Petro defendió su trayectoria: “Nunca he hablado con un narcotraficante. Dediqué una década a denunciar sus vínculos con políticos”, afirmó, asegurando que su campaña no recibió fondos ilícitos.

Sanciones previas y el fantasma de la Lista Clinton

Las indagaciones llegan tras la Lista Clinton de 2023, que congeló activos de Petro, su familia y aliados por supuestamente facilitar el narcotráfico. El entonces secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó al mandatario de “permitir el florecimiento de carteles” y aliarse con Maduro. Documentos filtrados vincularon a su hijo Nicolás Petro —condenado por lavado de activos— con figuras como El Hombre Marlboro (extraditado en 2003) y Gabriel Hilsaca, hijo de un contratista investigado por paramilitares.

Aunque en febrero de 2024 Petro recuperó su visa tras reunirse con autoridades estadounidenses, las sanciones financieras y la descertificación de Colombia en lucha antidroga siguen vigentes. Analistas señalan que, en el sistema judicial estadounidense, las sanciones suelen preceder investigaciones penales, especialmente cuando hay testimonios de informantes.

¿Quién podría declarar contra Petro?

Expertos consultados por este medio indican que figuras como Alcalá o extraditables podrían ser clave. Alcalá, condenado por armas a las FARC, ya ha colaborado con la justicia en el pasado. Además, la DEA ha trabajado con informantes del Cartel de los Soles, organización que el Tesoro vinculó a Petro y Maduro.

Mientras el mandatario colombiano insiste en que los procesos en EE. UU. “desmontarán las mentiras de la extrema derecha”, la pregunta persiste: ¿habrá testigos dispuestos a incriminarlo? Lo cierto es que, en un contexto de desconfianza mutua, estas pesquisas podrían redefinir las relaciones bilaterales, ya marcadas por choques ideológicos y acusaciones cruzadas.