La controversia política en Venezuela ha alcanzado un nuevo punto de ebullición tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de confirmar a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Esta resolución, emitida por un órgano judicial ampliamente considerado como afín al chavismo, ha provocado una fuerte reacción de la oposición, encabezada por Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

González Urrutia reafirmó que “no usurparán la verdad” y que la soberanía reside en el pueblo venezolano, cuestionando así la legitimidad del proceso judicial y sus resultados.

La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, defendió la decisión argumentando que se basó en un informe elaborado por expertos “altamente calificados e idóneos”. Sin embargo, la opacidad del proceso ha generado dudas y críticas. Rodríguez declaró: “Concluimos de manera inequívoca e irrestricta la revisión de las elecciones”, pero no proporcionó detalles sobre la identidad de los expertos ni el contenido específico del informe.

El fallo del TSJ se produjo en respuesta a un recurso de amparo presentado por el propio Maduro, en un proceso que excluyó a representantes de la oposición. Esta falta de participación ha alimentado las acusaciones de fraude y ha puesto en tela de juicio la transparencia del procedimiento judicial.